La violencia de género se mueve en estos últimos años en cifras estables en la provincia de Ourense. Tres denuncias al día, en la práctica totalidad, rubricadas por mujeres. No todas las víctimas tienen la misma posibilidad de volver a ser agredidas. Hay un riesgo que determina el Sistema de seguimiento integral en casos de violencia de género (VioGén), que implementó el Ministerio del Interior en 2007, un programa informático que se basa en los datos aportados por las perjudicadas a las fuerzas de seguridad cuando prestan declaración, conjugando datos del agresor y la denunciante. El resultado final es una clasificación por riesgos que implica más o penos seguimiento policial.
En la provincia, hay 356 casos activos en estos momentos (154 en la ciudad), según los datos aportados ayer por la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno de Ourense. La responsable, Alida Iglesias Gil, asegura que el techo está en 390. Es la provincia gallega con menos, en un contexto en el que destacan los 1.936 casos de A Coruña o los 453 de Lugo (llegó a superar los 500).
Una de las víctimas ourensana está en riesgo extremo y cinco, alto (llamadas continuas). En el primer caso, la perjudicada sale al exterior escoltada, acompañadas de un agente a cualquier lugar que tenga que ir porque su integridad física está en peligro: desde ir al trabajo, supermercado o recoger a sus hijos al colegio. La protección es las 24 horas del día. En riesgo extremo, no se está mucho tiempo porque los agresores acaban detenidos o en prisión. En estos casos, según explican fuentes policiales, a la mujer se la invita a ir a una casa de acogida o un domicilio del que no tenga constancia el denunciado.
Algo menos de la mitad (154) residen en la ciudad mientras que en las villas, destaca el caso de Verín, con 34 casos activos. Y no es una anécdota. “Siempre ronda los 40 porque es un municipio fronterizo con muchos clubes de alterne, y prostitución y violencia de género van de la mano”, asegura Iglesias.
La mayor parte de las mujeres tiene una medida judicial que las ampara y protege: 253 en estos momentos. Los maltratadores no pueden comunicar con ellas por cualquier medio o aproximarse (hay una distancia de seguridad que fija el juzgado). Ante el peligro de incumplimiento, el juez puede autorizar la pulsera de protección, que debe llevar tanto él como ella. El dispositivo avisa al centro Cometa cuando el agresor se introduce en el área de exclusión, activándose un protocolo de seguridad. En estos momentos, hay 24. Otras 39 se benefician del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO), un dispositivo de telefonía móvil y telecomunicación que permite que las usuarias puedan entrar en contacto en cualquier momento con personal de Cruz Roja específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a su situación. Ofrece una atención inmediata y a distancia.
29 agentes
A nivel policial, hay 29 agentes asignados a unidades específicas para prestar atención a la familia, menores y mujer. No todos asignados a la protección, ya que en el equipo UFAM de la Policía Nacional, por ejemplo, son once pero solo tres están en contacto con las víctimas. En el caso de la Guardia Civil, a los dos agentes del EMUME se sumaron desde febrero 12 más en distintos grupos VioGén. “Están en A Rúa, Celanova, Verín y Ourense y están funcionando muy bien porque las mujeres sienten que están más acompañadas por el contacto directo con ellas”, explica Iglesias. Además, en la Policía Local de Ourense hay disponibles tres agentes con formación específica en violencia de género y uno más en la Policía Autonómica. En las villas, O Barco, Carballiño, Xiunzo, Celanova, A Rúa, Barbadás y Maceda, tienen al menos a dos policías locales asignados específicamente a la protección. Siempre son los mismos porque así “se evita la revictimización al contar a otra persona diferente lo sucedido”.
Incidencias de las pulseras en una ciudad pequeña
Los dispositivos electrónicos (pulseras) para el control del alejamiento da problemas en Ourense, según admite el fiscal de violencia de género, Julián Pardinas, porque “es una ciudad pequeña, por lo que el número de alertas y alarmas es elevado”. No es infrecuente que salte la alarma porque agresor y víctima están a 300 o 500 metros, algo que es fácil en Ourense. Este hecho, genera desconfianza en el sistema por parte de la persona protegida e innecesarias intervenciones de las personas encargadas del control y vigilancia de las medidas, con el riesgo de que se pueda llegar a considerar una rutina derivada del funcionamiento del sistema técnico. La extensión de esta desconfianza trasladada a jueces del penal y Audiencia dio lugar -advierte- a varias sentencias absolutorias.
