Una relación de wuasaps en los que supuestamente se presiona a un testigo para cambiar su versión en el juzgado, y que ayer presentó, en el turno de cuestiones previas, el abogado de la acusación particular, Arturo González Salve, aplazó, por decisión de la jueza del Penal 1, Blanca Díez, el juicio por un homicidio imprudente durante una batida de jabalí en la que murió J.G.P. (59 años) en San Xoán de Río el 19 de enero de 2020. En este proceso, están acusados el presunto autor del disparo, José R.L., y Lisardo P.A., el responsable de la organización de la cacería, en la que tomaron parte 15 personas.
La magistrada argumentó su decisión -el fiscal lo había solicitado- en la necesidad de nombrar a un perito informático que confirme la autenticidad del chat en el que estaban varios cazadores, incluida la víctima. La hija del fallecido lo descubrió por azar al cargar el teléfono de su padre, según explicó al final de la breve vista el letrado que la representa a ella y a su madre.
En los mensajes descubiertos por casualidad, uno de los cazadores mostraba su intención de retractarse de lo que había declarado en el Juzgado mixto de Trives sobre lo sucedido en la batida ya que presuntamente no había contado la verdad, mientras el resto lo presionaba para que no lo hiciese.
La presentación de esta prueba y la decisión de aplazar el juicio no sentó bien en la bancada de las defensas. El letrado Pablo Quintas, quien representa a uno de los cazadores inculpados, habló de “mala fe procesal sin procedentes por parte del compañero” por presentar tan tarde esa prueba. A su entender, “no se puede llegar al día del juicio y asegurar que un señor mintió cuando lo sabía desde hace tiempo”. El Penal 1 había reservado para esta causa tres días y había citado a 15 testigos y peritos.
El juicio quedó aplazado para julio, mes en el que las partes esperan que la Audiencia provincial haya resuelto el recurso que anunciaron los letrados de las defensas y dos más que representan a la compañías aseguradoras ante la decisión de la juzgadora.
“La familia, que no baraja otra opción que lo sucedido fue un accidente, tiene derecho a saber la verdad, eso es lo mínimo”, aseguró González Salve.
Los inculpados se enfrenta a penas de hasta tres años de cárcel en el caso del autor del disparo y dos años y medio el organizador. La acusación particular eleva la indemnización a los 285 mil euros para la viuda e hija de la víctima ya que el fallecido era la única fuente de ingresos en ese hogar.
