Xunta y Estado ayudan a más de 5.500 ourensanos

Un gran grupo de gente hace cola con sus carros para poder llevar comida donada por la parroquia de Santa Eufemia del Centro. ÓSCAR PINAL
photo_camera Un gran grupo de gente hace cola con sus carros para poder llevar comida donada por la parroquia de Santa Eufemia del Centro. ÓSCAR PINAL
Risga, ingreso mínimo vital o pagos periódicos para gastos específicos, las medidas de apoyo

Xunta y Estado, a través de herramientas como la Risga, ayudas de inclusión periódicas para gastos puntuales o el Ingreso Mínimo Vital dan soporte a más de 5.500 ourensanos, según los últimos datos que han publicado ambas administraciones.

En lo que respecta a las iniciativas del Gobierno gallego, el último informe de Política Social refleja que la Risga y las ayudas para gastos llegan a 1.665 residentes en la provincia, una cifra ligeramente inferior a la de 2019 pero que supera con creces la que había en la anterior crisis económica.

En lo que respecta a la Risga, con un importe medio por beneficiario de 436,08 euros, son 935 las personas, vecinas de 75 concellos de la provincia, que la percibían al cierre del pasado ejercicio, de las cuales 536 fueron altas tramitadas en ese año. El perfil refleja que la mayoría son mujeres (565), mientras que más de la mitad han cumplido al menos los 45 años, tienen estudios primarios o ni siquiera estos. La situación sociolaboral refleja que casi el 94% son parados con algún trabajo previo. La nómina de la Risga en Ourense supera los seis millones de euros anuales.

Ayudas de inclusión

Por lo que respecta a las ayudas de inclusión, pensadas para permitir hacer frente a gastos relacionados con la vestimenta, la alimentación, el alquiler o la atención sanitaria, son 730 los beneficiarios, de los que 473 son vecinos de la ciudad de Ourense. En total, Política Social desembolsó cerca de 977.000 euros durante el pasado año en este tipo de prestaciones.

A nivel estatal, por su parte, la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, tal y como critican reiteradamente las entidades sociales, no está siendo todo lo ágil que se esperaba. La incompatibilidad con la Risga por la ley autonómica, cuya modificación está prevista, sitúa en 7.049 los expedientes abiertos por solicitudes en la provincia, de los que se han aprobado 1.683, lo que supone llegar a 3.898 beneficiarios.

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