El escrutinio periódico que la Consellería de Facenda realiza sobre la gestión económica y financiera de las entidades locales refleja al cierre del tercer trimestre del año que son más de medio centenar (un total de 52, cifra sensiblemente más elevada que hace un año, cuando eran 18) los concellos ourensanos bajo el foco del Gobierno gallego, que ejerce las competencias delegadas por Hacienda en materia de tutela financiera, algo que se endureció hace casi una década al entrar en vigor la denominada Ley Montoro, que colocó un corsé a ayuntamientos y diputaciones que ahora se empieza a aflojar al suprimirse normas como la regla de gasto.
Sin embargo, la necesidad de mantener las cuentas equilibradas ha llevado a la Consellería de Facenda a exigir entre julio y septiembre medidas a 36 concellos de la provincia. La mayoría de los municipios contactados necesitan elaborar un plan económico financiero que refleje, si así es preciso, qué hará para equilibrar las cuentas tras no cumplir en el ejercicio anterior alguna de las normas de Hacienda, bien sea la estabilidad presupuestaria o la regla de gasto.
Se encuentran en esta situación municipios como la ciudad de Ourense, que como su interventor dejó claro en sus informes sobre las modificaciones presupuestarias, pone en riesgo la estabilidad si no adopta medidas.
El número de ayuntamientos de la provincia escrutados por el gobierno gallego ha pasado en un año de 18 a 52
Otro apartado que la Xunta vigila de cerca es el de no tener dinero ahorrado para hacer frente a necesidades que puedan ir surgiendo. Así, según se desprende del informe elaborado por la Dirección Xeral de Política Financieira, Tesouro e Fondos Europeos, son cuatro los ayuntamientos que deben adoptar medidas para sanear el remanente de tesorería negativo. Se trata de Bande, Os Blancos, A Bola y Xunqueira de Ambía. Son municipios que no podrán sacar partido de la flexibilización establecida por el Gobierno central para tirar de sus ahorros y afrontar gastos relacionados con la pandemia.
Asimismo, también están bajo la lupa de Facenda los ayuntamientos de Os Blacnos, Boborás, Carballeda de Valdeorras, Gomesende, Larouco, Nogueira de Ramuín, Padrenda, Trives, Pontedeva y San Xoán de Río, que deben aprobar en pleno acuerdos de no disponibilidad de créditos, lo que sirve para retener los fondos necesarios para abordar operaciones de tesorería pendientes e inaplazables.
Por otro lado, la Xunta ha tramitado también 22 solicitudes de información, dado que esos concellos no han remitido a tiempo sus liquidaciones presupuestarias, claves para conocer si se han seguido los parámetros establecidos. Mientras, ya han contestado a requerimientos anteriores los ayuntamientos de Allariz, Celanova, Melón y Taboadela, remitiendo sus correspondientes planes económico financieros con las medidas para ajustar sus presupuestos.
También Maceda aparece en el informe autonómico, en este caso por comunicar sin petición previa una operación de endeudamiento que realizó.
