Cada año se pierden o se tiran a la basura más de 1.300 millones de toneladas de alimentos a nivel global. A falta de leyes, ¿impera la solidaridad?
Si hace unos meses Francia sacaba una ley que obliga a las grandes superficies a donar los alimentos que no vendan para evitar su desperdicio, ahora Italia acaba de aprobar al respecto una norma con medidas voluntarias y menos trámites.
Los dos países europeos se han propuesto abordar con la ley en la mano pero desde enfoques muy distintos un problema que cada año lleva a perder o tirar a la basura hasta 1.300 millones de toneladas de alimentos a nivel global, el equivalente a un tercio de lo que se produce.
En Francia, los supermercados tienen prohibido desde febrero desperdiciar los alimentos sobrantes y deben firmar acuerdos con asociaciones caritativas y bancos de alimentos para que los repartan entre las personas necesitadas si no quieren ser penalizados.
Otra opción es destinar los excedentes aún comestibles a la elaboración de piensos o abono orgánico, pero nunca destruirlos.
En cambio, la ley aprobada el pasado mes en Italia parte de la simplificación burocrática, los fondos públicos y los incentivos fiscales para recuperar un millón de toneladas de alimentos.
Son medidas que van desde elevar de 5.000 a 15.000 euros el límite por el que se debe declarar el valor de las donaciones de alimentos hasta reducir la tasa de basuras para aquellas empresas del sector que donen sus productos a los indigentes.
"Ahora hay que trabajar para que se aplique la ley", afirma el director general de la Fundación Banco Alimentario de Italia, Marco Lucchini, que se muestra a favor de la "colaboración entre todos" y de crear una cultura contra el despilfarro.
Aunque no empiezan de cero, ya están dialogando con empresas de la industria, la agricultura o la restauración -algunas de ellas pequeñas- con vistas a organizar la recogida de alimentos en esta nueva etapa.
Desde el sector privado, el director de la Federación italiana de locales públicos, Marcello Fiore, aplaude que se faciliten los trámites para donar "con regularidad y sin muchos obstáculos", y que las medidas sean voluntarias porque "en el campo de la solidaridad no sirve obligar".
Mientras que la ley francesa se centra en la gran distribución, "la italiana es el primer ejemplo comprensivo de un enfoque que abarca toda la cadena de valor" desde el punto de vista regulatorio, considera la experta de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Camelia Bucatariu.
Además de crear un marco legislativo basado en reglas ya existentes y clarificar cómo funcionan, la nueva norma -dice- "anima a las compañías a considerar la recuperación y la distribución de esa comida sin cargas administrativas adicionales" desde la producción primaria hasta el consumo final.
Legislar, ya sea con medidas obligatorias o voluntarias, no es más que una forma de luchar contra los desperdicios y pérdidas de alimentos. Lo importante, según Bucatariu, es que el sector público actúe junto con el privado y la sociedad civil aportando soluciones.
Algunos países cuentan con estrategias nacionales de prevención (en España está en proceso de revisión), mientras que en otros como Estados Unidos rige la ley del "buen samaritano".
Ese instrumento permite en general al sector privado donar alimentos en buen estado, controlando su calidad hasta el momento de la entrega, después de lo cual la responsabilidad pasa a las organizaciones benéficas que los reciben.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) contempla, por ejemplo, la reducción de desperdicios y pérdidas alimentarias en su plan de acción para erradicar el hambre en 2025.
Y a falta de leyes nacionales, las autoridades locales también se están movilizando con acciones concretas en municipios de Australia, Sudáfrica, México o Brasil.
Es el caso de la ciudad brasileña de Belo Horizonte, que ha desarrollado un programa que establece cómo deben trabajar los bancos de alimentos con empresas privadas de agricultores o de restauración.
Según ese plan, las personas de pocos recursos pueden acceder a los alimentos a precios prefijados o fiscalizados y se fomentan los huertos urbanos y la venta directa de los pequeños productores de los alrededores en la localidad. Su objetivo es ahorrar costes y, sobre todo, no pasar hambre.
