La ley universitaria reduce los contratos temporales al 20%

 El ministro de Universidades, Manuel Castells, en la rueda de prensa de ayer.
photo_camera El ministro de Universidades, Manuel Castells, en la rueda de prensa de ayer.

El Gobierno aprueba la nueva reforma que busca acabar con la precariedad laboral del profesorado

El Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) fue aprobado en Consejo de Ministros en primera lectura, lo que constituye el primer paso del trámite para su aprobación. La nueva reforma universitaria busca reducir la contratación temporal de docentes, rebajándola del actual 40% permitido al 20%, y subir el porcentaje mínimo de profesorado funcionario del 51 al 55%.

Una buena parte del personal docente e investigador (PDI) está afectado por “un grado alarmante” de precariedad laboral, que se manifiesta en el uso inadecuado de figuras de profesorado como las de visitante, interino, sustituto y, de manera notable, de asociado, explica en la exposición de motivos el anteproyecto. En 2020 alcanzaban cerca de 35.000 personas, representando un 34,4% de los PDI. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Universidades, Manuel Castells, subrayó la intención de su departamento de incrementar también la financiación de las universidades públicas hasta el 1% del PIB en una década, situando a España en la media europea, con ayuda de las autonomías.

La futura ley orgánica del Sistema Universitario Español (LOSU), la tercera en democracia tras la Ley de Reforma Universitaria de 1983 y la Ley Orgánica de Universidades de 2001, incorpora un cambio en la designación de los rectores, un cargo reservado hasta la fecha a los catedráticos, así como de los decanos. Se cambia una “definición por rango a una por méritos”, de modo que podrá ser rector cualquier funcionario que tenga tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y haya desempeñado cargos en la Universidad al menos 4 años.

Entre los principales objetivos de la futura LOSU figura la lucha contra la precariedad laboral, sobre todo del profesorado asociado, por lo que se obligará a rebajar la temporalidad en la contratación del personal docente e investigador, pasando del 40 al 20%. Contempla además pasar del 51 al 55% el porcentaje mínimo de profesorado funcionario que deben tener las universidades públicas. Un porcentaje importante de este profesorado hace más de 120 horas lectivas por curso con un salario frecuentemente por debajo del salario mínimo.  


Los estudiantes se oponen: “Un retroceso de derechos”

Los estudiantes universitarios denuncian que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y que vendrá a derogar la Ley Orgánica de Universidades (LOU), en vigor desde 2001, “supondrá un grave retroceso en la democracia interna de las universidades, así como en los derechos estudiantiles”.

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas rechaza que la Ley incorpore la posibilidad de que los rectores sean elegidos por un órgano externo a la comunidad universitaria, así como que los mandatos de los rectores se amplíen a seis años, pues considera que “perjudicaría gravemente la democracia interna de las universidades”. Además, rechaza la fórmula establecida para este nuevo sistema de elección a rector, en el que dicho órgano estará formado por entre 20 y 30 miembros y el 10% solo corresponde a los alumnos, lo que supondrá una “devaluación del voto de los estudiantes”. 

Te puede interesar