La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, ha recordado que las jóvenes de 16 y 17 años ya pueden decidir 'cuestiones vitales' como donar un órgano, someterse a una operación quirúrgica de riesgo o casarse --en este último caso incluso a edades inferiores-- y, sin embargo, 'no se les quiere dejar poner fin a un embarazo no deseado, algo que también puede afectar a estas jóvenes para el resto de su vida'.
De esta forma, Besteiro responde a las declaraciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien ha anunciado este miércoles en el Congreso una reforma de la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo, en la que se pretende recoger la exigencia del consentimiento paterno para abortar en relación a las menores.
Según la presidenta de Mujeres Progresistas, esto supondría 'un paso atrás' en la capacidad de las mujeres para decidir y 'alejaría mucho' a España del entorno sociocultural y político de Europa. En este sentido, Besteiro ha defendido que la ley actual 'viene a satisfacer los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, pone fin a un problema de inseguridad jurídica que afectaba tanto a las mujeres como a los profesionales y resuelve un problema de salud pública de primera magnitud'.
Por contra, en su primera comparecencia en el cargo en la Comisión de Justicia, Gallardón ha afirmado que en la reforma de la ley de marzo de 2010 de interrupción voluntaria del embarazo 'también se defenderá el derecho a la vida en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional'. En este punto, Besteiro se ha mostrado 'sorprendida' por las declaraciones de Gallardón al entender que 'la ley actual ya se ha elaborado respectando esa misma doctrina'.
Según la presidenta de Mujeres Progresistas, esto supondría 'un paso atrás' en la capacidad de las mujeres para decidir y 'alejaría mucho' a España del entorno sociocultural y político de Europa. En este sentido, Besteiro ha defendido que la ley actual 'viene a satisfacer los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, pone fin a un problema de inseguridad jurídica que afectaba tanto a las mujeres como a los profesionales y resuelve un problema de salud pública de primera magnitud'.
Por contra, en su primera comparecencia en el cargo en la Comisión de Justicia, Gallardón ha afirmado que en la reforma de la ley de marzo de 2010 de interrupción voluntaria del embarazo 'también se defenderá el derecho a la vida en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional'. En este punto, Besteiro se ha mostrado 'sorprendida' por las declaraciones de Gallardón al entender que 'la ley actual ya se ha elaborado respectando esa misma doctrina'.
