De perseguir 'cuernos' a buscar indicios de delitos económicos o urbanísticos. La actividad de los detectives privados ha cambiado con los tiempos y la crisis no les ha sido ajena hasta el punto de que, según algunas asociaciones, han tenido que 'tirar' los precios en detrimento de la calidad del servicio.
'Hay compañeros que están trabajando en la calle a nueve euros la hora, lo mismo que una asistenta', dice Eduardo Navasquillo, presidente de la Sociedad española para el desarrollo y difusión de la investigación privada (SEDDIP), para ilustrar los malos tiempos que también acucian a su profesión.
Una consecuencia de esa reducción de los precios es la disminución de la calidad en los servicios, 'algo indefendible desde un punto de vista profesional', apostilla a Efe Eva Grueso, presidenta de la Asociación profesional de detectives privados de España (APDPE).
Según datos facilitados por las asociaciones, en España hay más de 2.700 detectives con licencia, pero ejercen algo menos de la mitad, en concreto 1.295, según el número de profesionales acreditados del que dispone a día de hoy la Dirección General de la Policía.
Estos datos dan idea del nivel de bajas en la profesión, afectada por la crisis, que ha provocado el cierre de muchos despachos cuyos clientes fundamentales eran las compañías de seguros, ya que éstas han recortado el presupuesto que destinaban a 'investigar' siniestros, bajas o lesionados.
Pero no sólo tiene la culpa la crisis, explica Navasquillo, sino la constatación de que lo que explican en la universidad 'no tiene nada que ver con la realidad y te desengañas'.
De hecho, insiste este detective y criminólogo, es la profesión con mayor porcentaje de bajas en el primer año de ejercicio, en torno al 80 por ciento, una vez comprobado que todo lo 'idílico y bonito' de este trabajo desaparece en la práctica.
'Estar dieciséis horas metido en un coche con un frío que pela o un calor de muerte sin poder encender el motor para que no se te oiga; taparte con una manta en los asientos traseros del vehículo horas y horas en un servicio de vigilancia estática, o perder a la persona que has estado siguiendo... Todo eso desanima', se lamenta Navasquillo.
Pero también desanima, coinciden las dos asociaciones, el intrusismo en la profesión, que no sólo procede de guardias civiles y policías, sino, como dice la presidenta de la APDPE, de personas no habilitadas para ello y que, a sabiendas, son contratadas por los clientes, algunos de ellos entidades bancarias y financieras.
En muchos casos, ni siquiera esas personas están dadas de alta en la Seguridad Social.
¿Qué demandan ahora los clientes? Desde luego, ya no tanto cuestiones de pareja o de 'cuernos', sino investigaciones de ámbito económico o de solvencia patrimonial, fraudes de IVA, delitos urbanísticos, competencia desleal, inteligencia...
Unos asuntos para los que se requiere una buena preparación. Tanto Navasquillo como Eva Grueso coinciden en resaltar la mejor formación académica en España que en el resto de Europa, ya que en nuestro país la exigencia legal mínima para ejercer es de tres cursos universitarios.
No obstante, el responsable de la SEDDIP opina que la formación se está degradando en universidades privadas o con sistemas 'on line' y echa en falta más clases de técnica profesional.
Grueso, por su parte, confía en la puesta en marcha el próximo curso escolar de los cambios normativos, que 'mejorarán notablemente la formación'.
Mientras tanto, los detectives están expectantes ante la nueva Ley de Seguridad Privada que diseña el Ministerio del Interior porque, según las asociaciones consultadas por Efe, está 'obsoleta' después de veintiún años de vigencia en los que se han producido importantes cambios sociales.
Si para Navasquillo lo importante es sacar a los detectives de la ley y acordar una regulación específica para la profesión, a Grueso no le molestaría seguir en ella pero contar con un 'articulado propio'.
¿Qué pide la APDPE? Entre otras cosas, que los detectives puedan acceder a los datos de las fuerzas de seguridad y el resto de administraciones, suprimir la prohibición que tienen de investigar delitos o dar cobertura legal específica a la obligación de reserva respecto de las investigaciones.
La SEDDIP, por su parte, centra sus demandas en el ámbito de la formación y reivindica una actualización de los temarios y la desaparición de los sistemas 'on line', aunque también pide medidas contra el intrusismo y contra todos los que ejercen esta labor sin cotizar a la Seguridad Social.
Una consecuencia de esa reducción de los precios es la disminución de la calidad en los servicios, 'algo indefendible desde un punto de vista profesional', apostilla a Efe Eva Grueso, presidenta de la Asociación profesional de detectives privados de España (APDPE).
Según datos facilitados por las asociaciones, en España hay más de 2.700 detectives con licencia, pero ejercen algo menos de la mitad, en concreto 1.295, según el número de profesionales acreditados del que dispone a día de hoy la Dirección General de la Policía.
Estos datos dan idea del nivel de bajas en la profesión, afectada por la crisis, que ha provocado el cierre de muchos despachos cuyos clientes fundamentales eran las compañías de seguros, ya que éstas han recortado el presupuesto que destinaban a 'investigar' siniestros, bajas o lesionados.
Pero no sólo tiene la culpa la crisis, explica Navasquillo, sino la constatación de que lo que explican en la universidad 'no tiene nada que ver con la realidad y te desengañas'.
De hecho, insiste este detective y criminólogo, es la profesión con mayor porcentaje de bajas en el primer año de ejercicio, en torno al 80 por ciento, una vez comprobado que todo lo 'idílico y bonito' de este trabajo desaparece en la práctica.
'Estar dieciséis horas metido en un coche con un frío que pela o un calor de muerte sin poder encender el motor para que no se te oiga; taparte con una manta en los asientos traseros del vehículo horas y horas en un servicio de vigilancia estática, o perder a la persona que has estado siguiendo... Todo eso desanima', se lamenta Navasquillo.
Pero también desanima, coinciden las dos asociaciones, el intrusismo en la profesión, que no sólo procede de guardias civiles y policías, sino, como dice la presidenta de la APDPE, de personas no habilitadas para ello y que, a sabiendas, son contratadas por los clientes, algunos de ellos entidades bancarias y financieras.
En muchos casos, ni siquiera esas personas están dadas de alta en la Seguridad Social.
¿Qué demandan ahora los clientes? Desde luego, ya no tanto cuestiones de pareja o de 'cuernos', sino investigaciones de ámbito económico o de solvencia patrimonial, fraudes de IVA, delitos urbanísticos, competencia desleal, inteligencia...
Unos asuntos para los que se requiere una buena preparación. Tanto Navasquillo como Eva Grueso coinciden en resaltar la mejor formación académica en España que en el resto de Europa, ya que en nuestro país la exigencia legal mínima para ejercer es de tres cursos universitarios.
No obstante, el responsable de la SEDDIP opina que la formación se está degradando en universidades privadas o con sistemas 'on line' y echa en falta más clases de técnica profesional.
Grueso, por su parte, confía en la puesta en marcha el próximo curso escolar de los cambios normativos, que 'mejorarán notablemente la formación'.
Mientras tanto, los detectives están expectantes ante la nueva Ley de Seguridad Privada que diseña el Ministerio del Interior porque, según las asociaciones consultadas por Efe, está 'obsoleta' después de veintiún años de vigencia en los que se han producido importantes cambios sociales.
Si para Navasquillo lo importante es sacar a los detectives de la ley y acordar una regulación específica para la profesión, a Grueso no le molestaría seguir en ella pero contar con un 'articulado propio'.
¿Qué pide la APDPE? Entre otras cosas, que los detectives puedan acceder a los datos de las fuerzas de seguridad y el resto de administraciones, suprimir la prohibición que tienen de investigar delitos o dar cobertura legal específica a la obligación de reserva respecto de las investigaciones.
La SEDDIP, por su parte, centra sus demandas en el ámbito de la formación y reivindica una actualización de los temarios y la desaparición de los sistemas 'on line', aunque también pide medidas contra el intrusismo y contra todos los que ejercen esta labor sin cotizar a la Seguridad Social.
