Estas evaluaciones, que en su primer año de implantación no será necesario superar para obtener los títulos correspondientes,
Recursos judiciales, iniciativas parlamentarias y el anuncio de una huelga educativa para el 26 de octubre parecen cercar a las pruebas finales -conocidas como reválidas- que establece la Lomce desde este curso para cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato.
Estas evaluaciones, que en su primer año de implantación no será necesario superar para obtener los títulos correspondientes, aunque sí contará la de Bachillerato para el acceso a la Universidad, son la principal razón para que la mayoría de las comunidades autónomas y buena parte de la comunidad educativa hayan pasado a la acción para intentar paralizarlas.
Los recursos presentados (o anunciados) ante el Tribunal Supremo por varias comunidades autónomas contra el real decreto que regula las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato alegan, entre otras razones, que un gobierno en funciones no está capacitado para aprobarlo como hizo el pasado mes de julio, o que se trata de unas pruebas que frenarán a los alumnos que no las aprueben.
Doce comunidades son contrarias a las reválidas: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.
Además, las comunidades gobernadas por el PSOE también han solicitado al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, una Conferencia Sectorial para tratar estas pruebas (ya hubo una en mayo).
Entre las regiones gobernadas por el PP, el consejero de Castilla y León, Fernando Rey, ha sido crítico con la evaluación de Bachillerato.
La mayoría de sindicatos de docentes y asociaciones de padres y estudiantes rechazan estas pruebas y así se lo transmitieron al ministro durante la ronda de contactos puesta en marcha a iniciativa suya de cara a un hipotético pacto educativo.
Incluso CCOO y los padres de la Ceapa han anunciado recursos ante la Audiencia Nacional para anular las reválidas.
Además, algunas proposiciones no de ley presentadas en el Congreso en septiembre por Podemos, PDC y Grupo Mixto se encaminan a pedir, además de la derogación de la Lomce, la paralización de las reválidas.
Por otro lado, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) ha lanzado la campaña #MejorSinReválidas, a la que esperan que se sume la comunidad educativa, partidos y comunidades para paralizar esas pruebas.
Otra iniciativa estudiantil es la recogida de firmas de un estudiante gaditano de 14 años en change.org (lleva recogidas más de medio millón) y que fue recibido por Méndez de Vigo.
El ministro dijo al joven Isidoro Martínez y dos compañeras de curso que las pruebas finales "pueden motivar a los alumnos", algo que ellos no compartieron.
Desde el sector privado, la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade) ha solicitado al ministro una mayor "claridad" en las pruebas.
A todo ello se une la convocatoria de una huelga educativa el 26 de octubre que parte del Sindicato de Estudiantes, se han sumado los padres de Ceapa y los estudiantes de Faest, y el resto de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública la apoya.
En la web de Educación se recuerda que las evaluaciones externas de fin de etapa constituyen "una de las principales novedades" de la Lomce, una de las medidas "llamadas a mejorar de manera más directa la calidad del sistema educativo" y que están en veinte países de la OCDE.
No obstante, en sus reuniones de la pasada semana, Méndez de Vigo se mostró "receptivo" a la propuesta que le ha hecho el sindicato de docentes ANPE sobre "dar una vuelta" a la prueba de cuarto de la ESO para que no tenga efectos académicos, según aseguró su presidente, Nicolás Fernández.
También el secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE), Jesús Pueyo, planteó al ministro que la prueba de ESO se aplace y no sirva para titular y, según él, el ministro les dio a entender que "es una posible solución al tema".
Por otra parte, Educación está a la espera de que la Abogacía del Estado dictamine cómo reactivar el Consejo Escolar del Estado (sin presidente) con un Gobierno en funciones, para que se pueda pronunciar antes del 30 de noviembre sobre la orden ministerial con las características generales de las pruebas de ESO y Bachillerato.
