El programa DNA-Prokids, impulsado por la Universidad de Granada con el objetivo de luchar contra el tráfico de seres humanos, especialmente de niños -a través de la identificación genética- permitió ya más de 300 reagrupamientos familiares en los 15 países que se sumaron a esta iniciativa. El objetivo del programa, que empezó a funcionar en 2009 tras un proyecto piloto llevado a cabo años antes en Guatemala y Filipinas, es lograr que cada país disponga de su propio registro informático con datos genéticos tanto de niños sin identificar que constan como desaparecidos, como de sus familiares para poder cotejarlos.
El director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada y promotor del proyecto, José Antonio Lorente, explicó que el programa atraviesa en estos momentos una fase de consolidación en los países que se sumaron a él y de expansión entre otros nuevos. Aunque la pretensión es extender la iniciativa a todo el mundo, de momento son 15 los países, fundamentalmente latinoamericanos pero también asiáticos, que han decidido luchar contra el tráfico de seres humanos a través de este proyecto. Se trata de México, Guatemala, Brasil, el Perú, Paraguay, El Salvador, la República Dominicana, Venezuela (a punto de incorporarse), Nepal, la India, Sri Lanka, Indonesia, Filipinas, Tailandia y Malasia.
EXPLOTACIÓN SEXUAL
La labor de la universidad consiste en asesorar a estos países, colaborar si es necesario en los análisis de ADN y suministrarles para ello un equipo de identificación genética de uso universal al objeto de facilitar la comparación de las bases de datos de las que disponen unos y otros a través de un mismo protocolo.
El programa ya dispone, en los registros informáticos con los que cuentan los países que participan en él, de 5.000 datos, tanto de niños sin familias como de padres o abuelos que buscan a sus hijos o nietos, según Lorente, para quien uno de los principales logros del proyecto desde su puesta en marcha fue la ley Alba-Keneth. Esta ley, de 13 de septiembre de 2010, establece la creación en Guatemala de un sistema de alerta para que la policía y las autoridades 'sepan qué hay que hacer cuando un menor desaparece o aparece sin familia', según José Antonio Lorente, que subrayó el hecho de que esta iniciativa legislativa incluya, por primera vez, la realización de análisis de ADN para combatir estas situaciones.
Guatemala, que participa en el programa, es uno de los países latinoamericanos con una mayor incidencia de delitos relacionados con la trata y el tráfico de seres humanos, de los que cada año son víctimas entre 1,5 y dos millones de personas en todo el mundo. De ellos, según estimaciones de las Naciones Unidas, entre el 25 y el 30 por ciento son menores de edad, la mayoría (70 por ciento) del sexo femenino. Porque el programa no solo va dirigido a la búsqueda de niños robados o dados ilegalmente en adopción, sino también a la de chicas adolescentes víctimas de la explotación sexual, explica Lorente, para quien la puesta en marcha de la ley Alba-Keneth 'es un primer paso y debe servir de ejemplo al resto de países en la lucha contra el tráfico de seres humanos para lograr una rápida identificación'.
EXPLOTACIÓN SEXUAL
La labor de la universidad consiste en asesorar a estos países, colaborar si es necesario en los análisis de ADN y suministrarles para ello un equipo de identificación genética de uso universal al objeto de facilitar la comparación de las bases de datos de las que disponen unos y otros a través de un mismo protocolo.
El programa ya dispone, en los registros informáticos con los que cuentan los países que participan en él, de 5.000 datos, tanto de niños sin familias como de padres o abuelos que buscan a sus hijos o nietos, según Lorente, para quien uno de los principales logros del proyecto desde su puesta en marcha fue la ley Alba-Keneth. Esta ley, de 13 de septiembre de 2010, establece la creación en Guatemala de un sistema de alerta para que la policía y las autoridades 'sepan qué hay que hacer cuando un menor desaparece o aparece sin familia', según José Antonio Lorente, que subrayó el hecho de que esta iniciativa legislativa incluya, por primera vez, la realización de análisis de ADN para combatir estas situaciones.
Guatemala, que participa en el programa, es uno de los países latinoamericanos con una mayor incidencia de delitos relacionados con la trata y el tráfico de seres humanos, de los que cada año son víctimas entre 1,5 y dos millones de personas en todo el mundo. De ellos, según estimaciones de las Naciones Unidas, entre el 25 y el 30 por ciento son menores de edad, la mayoría (70 por ciento) del sexo femenino. Porque el programa no solo va dirigido a la búsqueda de niños robados o dados ilegalmente en adopción, sino también a la de chicas adolescentes víctimas de la explotación sexual, explica Lorente, para quien la puesta en marcha de la ley Alba-Keneth 'es un primer paso y debe servir de ejemplo al resto de países en la lucha contra el tráfico de seres humanos para lograr una rápida identificación'.
