Sociedad

El Vaticano prohíbe a un cura de Girona acercarse a menores

Fue investigado por abusos a alumnos de un colegio concertado entre las décadas de los 60 y 90

La Congregación para la Doctrina de la Fe ordenó que el exsacerdote de Vilobí d'Onyar (Girona) investigado por abusos la "prohibición total" de ejercer públicamente el ministerio, mantener contacto con menores y la obligación de pedir perdón a las víctimas.

En un comunicadodado a conocer ayer,  el Obispado de Girona, afirmaba que el Vaticano había tomado esta resolución después de la investigación previa que realizó en relación al párroco Tomàs Pons.

La investigación interna comenzó después de que varios exalumnos del colegio concertado Bell-lloc de Girona afirmaran haber sufrido abusos por parte del sacerdote entre finales de los años 60 y mediados de la década de los 90, periodo en el que el religioso colaboró con el centro.

El obispo, Francesc Pardo, puso en marcha el 4 de febrero una comisión "con el objetivo de esclarecer los hechos, y acoger, escuchar y acompañar a las posibles víctimas".

La sentencia obliga al expárroco a llevar una vida de penitencia y oración y pedir perdón a las víctimas

El Obispado envió el 29 de marzo a la Congregación para la Doctrina de la Fe  del Vaticano las actas de la investigación previa, y paralelamente presentó copia a la Fiscalía de Girona, que respondió archivando las diligencias por prescripción.

Afirmó que se interesó personalmente y por escrito" ante la Congregación durante este tiempo sobre el estado de esta investigación, al tiempo que ha mantenido contacto con los denunciantes.


El castigo


El Obispado explicó que el 7 de julio, tras estudiar las actuaciones efectuadas, la Congregación para la Doctrina de la Fe impuso al religioso la "prohibición total" del ejercicio público del ministerio, de administrar el sacramento de la penitencia, de mantener cualquier tipo de contacto con menores y de visitar las poblaciones donde ejerció.

Asimismo, la Congregación también le impuso la obligación de residencia donde determine el obispo, llevar una vida de penitencia y oración y de pedir perdón a las víctimas.

El obispo de Girona, Francesc Pardo, comunicó personalmente al capellán estas medidas y requirió que se haga un seguimiento de su ejecución y cumplimiento, así como ha informado a las víctimas de las medidas acordadas.

Por su parte el Ayuntamiento de Vilobí d'Onyar expresó en un comunicado que ve "insuficientes" las medidas impuestas por El Vaticano, ypidió su resolución en los tribunales para que haya consecuencias penales.

"Estos delitos no deberían prescribir y sería necesario que fueran juzgados por tribunales", ha apuntado el consistorio en un comunicado, en el que ha asegurado que el Ayuntamiento siempre estará al lado de los afectados.n

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