Facebook y Twitter, tras los vergonzosos y peligrosos ataques al Capitolio, prohibieron al ex presidente Trump y a numerosos defensores difundir sus mensajes a través de sus plataformas sociales. Google, Apple y Amazon bloquearon también numerosas cuentas basándose en que los mensajes publicados por diversos defensores de esta gran agresión a la democracia norteamericana, eran afirmaciones de “incitación a la violencia y “discurso de odio”. Así, Amazon Web Services dejó de dar soporte a la red Parler, donde se trasladaron parte de los violentos seguidores del ex presidente, quedando así también bloqueada. Estas empresas justifican los bloqueos en aplicación de sus condiciones de servicio que el usuario ha aceptado al abrir su cuenta.
Existen opiniones a favor y en contra, razonablemente justificadas unas y otras, que apuntan a que las Big Five Tech -Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft- también conocidas como GAFAM, utilizan sus plataformas como vigías de la opinión pública para manejarla en defensa de sus intereses empresariales y políticos.
La Primera Enmienda a la Constitución de los EEUU protege a sus ciudadanos frente a la censura y les otorga la libertad de expresión y la libertad de prensa, entre otros derechos. No obstante, esta enmienda afecta a las herramientas gubernamentales y no a las empresas privadas. Teniendo en cuenta que estas compañías son de capital privado, no ha lugar citar a la primera enmienda para atacarlas por clausurar las cuentas de Trump o cualquier otro usuario. Frente a esta opinión, defensores del ex presidente sostienen que las Big Tech cuentan con numerosos estímulos fiscales y facilidades regulatorias otorgadas por el Congreso que las convierten en actores estatales con las que el Congreso hace y deshace lo que no le permite la constitución.
Los defensores de aplicar la Primera Enmienda a las Big Tech argumentan que estas plataformas dan un servicio público y, entonces, esta propiedad privada puede ser regulada. De la misma manera que a una empresa de transporte o un hotel se le obliga a aceptar a todo el mundo entre sus usuarios estas empresas deberían estar reguladas de idéntica manera. Esta es la opinión defendida generalmente por los republicanos, que a su vez acusan a las empresas tecnológicas de ser una herramienta del grupo demócrata.
Sin ahondar en discrepancias políticas, la esencia surge del gran poder que los usuarios hemos otorgado a las diferentes plataformas y redes sociales. Si se cae Twitter o Facebook los medios de comunicación muestran a ciudadanos desesperados, ansiosos por su dosis de ‘me gustas’ y de ‘150 caracteres’. Las plataformas son capaces de mover hacia un lado o a otro las diferentes opiniones de sus usuarios, generar y activar robots y algoritmos que favorezcan una u otra opinión. Son constructores de opinión pública y las empresas, gobiernos, partidos políticos y todo tipo de organizaciones las utilizamos para difundir nuestra identidad, nuestro valores o nuestras creencias entre nuestros seguidores y, como no, para captarlos de la competencia y se unan a nuestros fieles seguidores.
Todo cambia cuando de lo que se trata es de desinformar, difundir fake news, censurar a terceros o incitar a la violencia. En mi opinión, lo mollar de este asunto no es si una empresa defiende a un político o a otro, sino que, como medio de comunicación, deben luchar contra la mentira, el odio y la violencia. Y si para defender los derechos que tienen los demás usuarios a la paz frente al terror o a la verdad frente a la mentira las plataformas creen que deben clausurar las cuentas hasta del mismísimo presidente de los EEUU yo quiero que lo hagan.
