La web de la consellería de Interior para delatar a sospechosos de violencia callejera despierta recelos entre los juristas, que dudan de su legalidad y constitucionalidad y cuestionan desde la licitud de las pruebas que se obtengan a través de ella hasta su posible vulneración del derecho a la imagen.
El departamento de Interior de la Generalitat activó ayer su web, pionera en España, para que los ciudadanos delaten a los autores de episodios de violencia callejera, colaborando en su identificación, con imágenes de 68 sospechosos de participar en los altercados de la huelga general del 29M.
En su primer día operativa, la web ha recibido 140.000 visitas, según han informado a Efe fuentes de los Mossos d'Esquadra, que no obstante no han precisado cuántas personas han aportado información sobre los sospechosos.
En declaraciones a Efe, el portavoz en Cataluña de Jueces para la Democracia, Xavier González de Rivera, ha advertido de que la web impulsada por el conseller Felip Puig es 'muy peligrosa' e incluso tiene dudas sobre su constitucionalidad, ya que cree que conculca el derecho a la privacidad, a la imagen y a la presunción de inocencia.
'La web roza la inconstitucionalidad de forma clarísima', ha remarcado Rivera, que ha afirmado que una cosa es que la policía divulgue la imagen de criminales huidos de la justicia y otra que se cuelguen en Internet fotografías en las que aparecen personas que no han sido imputadas ni acusadas, ya que ni tan siquiera están identificadas.
En la misma línea, el portavoz del Colegio de Abogados de Barcelona, Jorge de Tienda, considera la web una 'iniciativa inquietante' y también alberga dudas sobre su legalidad, hasta el punto de que podría generar la nulidad de posteriores actuaciones judiciales.
En declaraciones a Efe, De Tienda ha señalado que para exponer imágenes de personas no identificadas se tendría que hacer siempre con una resolución judicial motivada, para no vulnerar el derecho a la imagen y al honor.
'Los atajos son peligrosos. El fin no justifica los medios', ha aseverado De Tienda, que ha advertido que la iniciativa impulsada por el conseller de Interior, Felip Puig, incluso puede acabar comportando la nulidad de posteriores actuaciones judiciales.
Al igual que De Tienda, el portavoz de la conservadora Asociación profesional de la Magistratura (APM) en Cataluña, Pablo Llarena, ha advertido de que las pruebas que se obtengan a raíz de la web podrían acabar impugnadas en los procesos judiciales, al plantear dudas sobre su licitud.
Asimismo, el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo ha recomendado a los ciudadanos que no cooperen con la web de delación porque cree que vulnera el derecho a la imagen, es 'impropia' de una sociedad civilizada y además demuestra la 'ineficacia policial'.
Por su parte, el abogado José María Fuster-Fabra ha remarcado que la web le parece una 'buena iniciativa', aunque ha advertido de que si se logra identificar al sospechoso, sólo con las imágenes colgadas en la red será muy difícil lograr una condena.
En cualquier caso, Fuster-Fabra considera que todas las imágenes que se cuelguen en la red tendrían que ser sometidas previamente al control judicial y que se tendrían que borrar los rostros de las demás personas, que quizás pasaban por allí, para evitar dar una idea equivocada sobre ellas y dañar su imagen.
Por su parte, el vocal de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Barcelona Jaume Asens ha enmarcado la web en una 'práctica inquisitiva' propia de la Caza de Brujas de la época McCarthy y ha considerado inadmisible que se cuelguen fotografías de personas que no están ni condenadas ni imputadas.
En declaraciones a Efe, Asens ha recordado que la idea de hacer pública una lista de violadores y pederastas fue desechada hace ya años precisamente porque planteaba dudas sobre el derecho de la intimidad y la estigmatización que acarreaba, pese a tratarse de personas firmemente condenadas por agresiones sexuales.
Por contra, el comisario portavoz de los Mossos d'Esquadra, Joan Miquel Capell, ha replicado afirmando que la web no va en contra de la presunción de inocencia ni del honor de los sospechosos que aparecen en ella y ha emplazado a los que duden de su legalidad a acudir al juzgado.
