El Juzgado de lo Penal número 2 sentará en el banquillo de los acusados el próximo día 24 a Maximino Losada Arias, expresidente del Consello Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras. Lo hará, según las acusaciones, por denunciar en falso en septiembre de 2003 a F.C.G., quien entonces ocupaba el cargo de secretario en dicho organismo.
El fiscal, que pide para Losada Arias 15 meses de prisión y una multa de 18 meses a razón de 12 euros diarios, estima que el encausado -en su condición de presidente de la entidad- formuló una denuncia contra F.C.G. 'imputando de modo falaz a éste la comisión de sendos delitos de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil'. Lo haría, según matiza el representante del ministerio público, con pleno 'conocimiento de su falsedad en todo momento'. En concreto, en la denuncia que el acusado dirigió contra el entonces secretario del organismo, que ratificó Losada Arias el 31 de octubre de 2003, el procesado llegó a afirmar que F.C.G. falsificó su firma (en calidad de presidente) desde 2002. El exdirigente del Consello alegaba en tal documento que su subordinado pretendía con tal actuación 'incrementar su salario en la cantidad de 90 euros mensuales y en 180 en las gratificaciones extraordinarias', añadiendo que tales montantes fueron percibidos ilícitamente por F.C.G. Asimismo, tal y como sostiene el fiscal, el acusado expresó que en 2002 F.C.G. simuló su rúbrica en una transferencia bancaria para el abono de determinados salarios de varios trabajadores, entre ellos el del entonces secretario. La acusación pública asegura que, 'con la mendicidad de tales imputaciones', Maximino Losada pretendía 'perjudicar de forma deliberada' a F.C.G. en su vida laboral y personal. El fiscal, para desmontar la denuncia que puso en su día el ahora acusado, indica que Losada Arias 'fue nombrado presidente seis meses después de las fechas en que dijo que su firma -en calidad de este cargo- fue falsificada'.
ELEVADAS INDEMNIZACIONES
La acusación particular (representa a F.C.G.) entiende que el acusado inició una campaña de acoso y derribo contra su persona debido a que este último 'no secundaba muchas de sus actuaciones por considerarlas irregulares'. Este conflicto, según esta parte, terminó con la carta de despido del secretario en julio de 2003, en la que se 'le imputaba la comisión de varios delitos'. La acusación particular pide al encausado y, subsidiariamente al Consello, 400.000 euros por daños morales, 540.247 por los salarios que dejaría de percibir hasta su jubilación (2029), 17.401 por gastos en abogado y 67.670 por las diferencias salariales que dejó de percibir.
ELEVADAS INDEMNIZACIONES
La acusación particular (representa a F.C.G.) entiende que el acusado inició una campaña de acoso y derribo contra su persona debido a que este último 'no secundaba muchas de sus actuaciones por considerarlas irregulares'. Este conflicto, según esta parte, terminó con la carta de despido del secretario en julio de 2003, en la que se 'le imputaba la comisión de varios delitos'. La acusación particular pide al encausado y, subsidiariamente al Consello, 400.000 euros por daños morales, 540.247 por los salarios que dejaría de percibir hasta su jubilación (2029), 17.401 por gastos en abogado y 67.670 por las diferencias salariales que dejó de percibir.
