O Barco relanzará el programa buscando atender a las familias que quedaron sin la vivienda
El programa Vivendas Baleiras no alcanzó los resultados perseguidos en O Barco, al menos hasta el momento. Desde que la Concellaría de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade lo impulsó, hace de ello año y medio, las familias sin recursos interesadas únicamente pudieron acceder a tres viviendas. Fueron las únicas que logró gestionar el Concello, según confirmó ayer el titular del departamento, Orlando Saavedra Cantillana.
En realidad, los pisos ofrecidos fueron cuatro, pero solo tres de ellos pudieron ser alquilados. El cuarto, propiedad de un banco, se encuentra en unas condiciones de conservación muy deficientes, negándose la entidad crediticia a acometer su arreglo. Ante su mal estado, el departamento de Servizos Sociais desestimó ofrecerlo.
Los otros tres sí fueron alquilados, dando lugar a una lista de espera con las familias solicitantes de las viviendas del programa. Su interés fue apuntado por el concelleiro Orlando Saavedra, quien anunció que el Concello relanzará el programa. "Insistiremos. Haremos un nuevo llamamiento", dijo.
El concejal aludió a las garantías que ofrece Vivendas Baleiras, pues compatibiliza la acción solidaria con la seguridad que otorga la Administración a los arrendatarios, ya que el Instituto Galego de Vivenda e Solo cubre con un seguro los posibles daños que puedan sufrir las viviendas, así como aquellos casos de impago de alquiler que puedan surgir.
Exigencias para arrendatarios y dueños
Las familias interesadas en incorporarse al programa Vivenda Baleira, promovido por la Consellería de Infraestruturas e Vivenda y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), deben reunir ciertos requisitos. Entre ellos destacan los referidos a los ingresos, pues no deben bajar del IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), que en 2018 fue cuantificado en 537,84 euros al mes. Por otra parte, las entradas de dinero familiares tampoco deberán superar 2,5 veces esa cantidad. Pensando en ellos, el programa obliga a los dueños a no cobrar más de 300 euros mensuales por el alquiler. La iniciativa beneficia a unos propietarios de viviendas antiguas, que carecen de servicios que sí poseen las más actuales, dificultando su alquiler.
