La Audiencia Nacional suspende la sanción hasta que haya una sentencia firme de suspensión
La secretaria-interventora de Trives, Milagros Calvo Carballo, se reincorporó ayer a su puesto en la Casa Consistorial, según informó el alcalde, Francisco José Fernández Blanco. Su regreso fue ordenado por la Audiencia Nacional, que acordó paralizar cautelarmente una sanción del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que después confirmó el Juzgado Central Contencioso-Administrativo de Madrid número 8. La citada sanción castigó a la funcionaria con un año y seis meses de suspensión de funciones, periodo que el Concello consideró escaso, por lo que recurrió la sentencia solicitando elevarla a seis años.
La Audiencia Nacional argumenta la paralización cautelar de la suspensión de la secretaria en que esta "ha acreditado suficientemente en estas actuaciones un intenso arraigo familiar en la localidad de A Proba de Trives, en la que tiene su domicilio y convive con su marido e hijos, los cuales desarrollan actividades profesionales en el núcleo de dicha población". Según el regidor trivés, la resolución también estima que con la paralización temporal de la sanción no daña "los intereses generales".
Ante esta resolución, el alcalde, Francisco José Fernández, levantó "provisionalmente" la suspensión de la secretaria-interventora, en tanto no se resuelven los procedimientos judiciales iniciados.
CRÍTICAS
El regidor lamentó la decisión de la Audiencia Nacional y se remitió a la explicación que el Ministerio de Hacienda que, aludiendo a 10 informes, considera que la funcionaria mantuvo "una conducta obstructiva o entorpecedora de la labor del Ayuntamiento". Además, estimó que "supone un notorio incumplimiento de sus funciones esenciales".
INFORMES
El alcalde recordó ayer que los 10 informes "din que a señora Calvo: deixou perder subvencións. Impediu a contratación de traballadores (veciños, en definitiva). Impediu o pago a proveedores (veciños, tamén), tendo crédito. Usurpou funcións que correspondían á Alcaldía. Impediu a realización de inversións municipais. Impediu a contratación de servizos municipais. Intentou boicotear a xestión económica municipal emitindo un informe que impediría pagar nóminas, subministros ou servizos. Asumiu a xestión da Mancomunidade (sendo a secretaria-interventora), e ademais informou falsamente ao Pleno da executividade dunha débeda do Concello".
Francisco José Fernández, refiriéndose a la resolución de la Audiencia Nacional, consideró "incomprensible que se valore máis o arraigo familiar da funcionaria que os intereses xerais de todos os triveses e trivesas. Non entendo que a Audiencia Nacional valore máis onde vive que a perda de subvencións ou contratacións".
