Carballeda solicita variar el Plan Hidrológico Miño-Sil

El Plan Hidrológico 2022-2027 de la cuenca Miño-Sil amenaza el futuro del sector de la pizarra, una actividad que genera 2.400 empleos directos, 10.000 indirectos y el 26 % del producto interior bruto de Valdeorras. La explotación de la pizarra “genera empleo masculino y femenino a las zonas rurales y atrae inversiones, contribuyendo al desarrollo local y regional”, dice el texto de las alegaciones validadas por la Corporación que preside María del Carmen González Quintela. Plantean modificar la exigencia de devolver a su estado original los cauces afectados por las explotaciones, pues no es posible técnicamente y conllevaría unos “costes desproporcionados que lo hacen de imposible cumplimiento”. La alternativa del Concello gira en torno a la posibilidad de desviar esos tramos en base a proyectos autorizados previamente por la Confederación Hidrográfica, compatibilizando la rehabilitación medioambiental con las explotaciones mineras, pues “constituyen el sector prioritario de la economía de la comarca de Valdeorras, no poniendo, con la exigencia de devolver el cauce a su estado original, en peligro el empleo y la viabilidad de las empresas”. La primera alegación plantea posibilitar cubrimientos, alteraciones o moficación de cauces en base a los citados proyectos, cuando esté justificado y siempre “buscando fórmulas sostenibles, aplicables especialmente a las explotaciones existentes”. La segunda considera “restrictiva para el sector minero” la prohibición de vertederos o escombreras en todos los cauces, incluidos “arroyos innominados” o “vaguadas de escorrentía” y propone establecer criterios de aplicación en función del tipo de cauce. La última vuelve a considerar imposible la “reposición al estado inicial” de cauces, y plantea autorizar las modificaciones en base a proyectos de restauración hidrológico-forestales viables. "Saben que es imposible y que no se puede hacer" Los empresarios del sector de la pizarra también muestran su preocupación ante el articulado del Plan Hidrológico. Fuentes consultadas por este diario afirmaron: “Saben que es imposible de cumplir y que no se puede hacer”. Sus críticas se centran especialmente al considerar iguales todos los cauces, sin diferenciar “vaguadas” y “arroyos innominados” y fijando un plazo de 15 días para devolverlos al estado original. Estas mismas fuentes empresariales pusieron sobre la mesa expedientes informados de hace apenas tres años, en los cuales no constaba la presencia de cauces que ahora sí aparecen. “Hay que diferenciar un río del sitio por el que baja el agua cuando llueve”, añadieron. La situación creada “impide poner las cosas en orden”, añadieron.