La Región

VALDEORRAS

El centro de control de Iberdrola dejará A Rúa

El Concello habla de deslocalización y la eléctrica de reorganización

Avelino Fernández, María González, Luis Fernández, Miguel Bautista y Ana Fernández (J.C.).
Avelino Fernández, María González, Luis Fernández, Miguel Bautista y Ana Fernández (J.C.).
El centro de control de Iberdrola dejará A Rúa

La eléctrica Iberdrola trasladará a Salamanca sus centros de control, una "reorganización" que dentro de aproximadamente tres años afectará a 16 de los 50 trabajadores de A Rúa, un grupo que quedaría reducido a entre seis y nueve al contemplar aquellos que se jubilarán en los próximos meses, según indicó la empresa, que tiene 210 empleados en tierras gallegas. Los equipos de gobierno de A Rúa (PSOE y BNG) y Petín (PSOE) se temen que este sea el primer paso para la "deslocalización" de los equipos que la empresa tiene en Galicia, rechazan el traslado del centro de control y solicitan la intervención de la Xunta, no descartando convocar movilizaciones después de las Municipales.

El alcalde rues, Luis Fernández Gudiña, mostró su temor a la marcha de Iberdrola. "Se empeza por unha parte e se acaba con toda a empresa. A Xunta ten que contactar con Iberdrola para evitar la deslocalización", dijo. A su vez, la teniente de alcalde, María González Albert, relacionó la medida con el "abandono do rural. É unha estocada máis a Valdeorras. É o suficientemente grave como para mobilizarnos"", añadió. Por su parte, el regidor petinés, Miguel Bautista Carballo, se mostró rotundo: "Afirmo que isto pecha, a no ser que nos mobilicemos. Por que non veñen os de Salamanca aquí?", se preguntó, para después recordar que, antes, "xa marcharon os vixilantes".

Las corporaciones ruesa y de Petín debatirán una moción rechazando el traslado del centro de control de Iberdrola y reclamando la intervención de la Xunta, según indicaron sus alcaldes, que aseguraron que el edificio de la empresa es propiedad de un empresario venezolano y plantearon la necesidad de actualizar el valor catastral del embalse de San Martiño, elevando los 2,9 millones a 6,6, lo que aumentaría las cargas de la empresa de 39.000 a 78.000 euros.

La empresa relacionó las quejas con una finalidad política y recordó que su impacto económico en Galicia, durante 2018, fue de 379 millones de euros, comprando 154 millones a 250 empresas gallegas e invirtiendo otros 17. Asimismo, apuntó que para las retribuciones de sus 210 profesionales fueron 13 millones más.