Solidaridad

Las familias que acudieron a Cáritas en Valdeorras aumentaron un 10 %

Isabel Álvarez, trabajadora social de Cáritas Interparroquial de O Barco.
photo_camera Isabel Álvarez, trabajadora social de Cáritas Interparroquial de O Barco.
La ONG diocesana atendió en lo que va de año a 96 solicitantes y registró 10 altas en O Barco

La crisis económica que provocó la pandemia del covid-19 ya se siente en los colectivos vulnerables de Valdeorras. Durante este año, Cáritas Interparroquial de O Barco de Valdeorras registró 10 altas de familias, según apuntó la trabajadora social, Isabel Álvarez.Añadió que, en este mismo periodo, la ONG atendió 96 unidades familiares, o lo que es lo mismo, las nuevas inscripciones suponen el 10% de las que solicitaron la ayuda de la entidad. A su vez, el número de servicios prestados alcanzó los 1.156.

Isabel Álvarez explicó que muchos de estos servicios se corresponden con ayudas de emergencia, destinadas a cubrir los recibos del alquiler, de la luz e incluso de las medicinas o gafas para niños. La mayoría de las peticiones llegan de familias de origen extranjero, siendo 16 las nacionalidades, incluida la española, que constan en el registro de Cáritas. Los colectivos foráneos más numerosos son los de origen colombiano, marroquí y venezolano.

La trabajadora social y el presidente local de Cáritas, Julio Mourelo, mostraron su preocupación ante una problema que se agravó en los últimos meses. Explicaron que el Gobierno central está denegando el asilo a personas de origen extranjero que llevan más de un año trabajando en la comarca, a la que llegaron de la mano de programas de protección internacional, como el de Cruz Roja.

"Somos acogedores, pero cuando estas personas tienen estabilidad les deniegan el asilo y quedan ilegales", explica Julio Mourelo, quien indica que la retirada de los permisos les impide seguir trabajando y los obliga a recurrir a las ONG. "Esa gente viene a nosotros. Le pasó a muchas familias", corrobora Isabel Álvarez.

Este colectivo de "ilegales" aun tiene la posibilidad de conseguir el permiso "por arraigo", pero para ello deben ponerse en las manos de abogados, corriendo con los gastos que conlleva. "Es una irresponsabilidad, esa gente se queda sin amparo", añade Julio Mourelo.

Este problema no es el único que preocupa en la entidad. Completar con alimentos los estantes de su local también trae de cabeza a sus responsables. La suspensión de eventos solidarios por la pandemia del covid-19 eliminó una fuente importante de alimentos. Esta circunstancia llevó a empresas como la pizarrera Cafersa a colaborar realizando donaciones de alimentos. Pero las necesidades de las familias van en aumento y, en estos momentos, empiezan a escasear productos como la comida para niños o la leche.

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