La intervención de la residencia integrada y privada de la Fundación Nuestra Señora de Fátima, en O Barco de Valdeorras, dio un respiro a una comarca que observaba con temor como el número de positivos en COVID-19 aumentaba de un día para otro. Medidas como el traslado de residentes a otros centros devolvieron una relativa calma a la población y dejaron paso a los políticos. Son ellos los que ahora velan armas, esperando que finalice la pandemia para buscar responsabilidades.
"Cuando acabe el confinamiento no me voy a quedar sin plantear interrogantes", dijo el concejal de Riada Cidadá, Félix García Yáñez. Recordó que, en la anterior legislatura, llevó al pleno varias quejas de familias de residentes, quejándose del valor con el que el Concello vendió los terrenos, de la "cesión de otro terreno por 20 años", de la subvención de fondos europeos otorgada y de "la falta de formación de los trabajadores, no por ellos, sino por la gestión".
El edil del BNG y delegado sindical de la CIG, Xesús Vilasánchez Feijoo, después de mostrar su oposición a las residencias privadas, se preguntó "en que condicións estaba? O sistema sanitario público estaba preparado?".
A su vez, la portavoz del PP, Sabina Aguado García, comentó que "la residencia es una institución privada, pero con la intervención por la Xunta estamos mucho más tranquilos. Cuando pase todo habrá que darle una vuelta", comentó.
El alcalde socialista, Alfredo García Rodríguez, rechazó las quejas por el precio alicado a los terrenos. "El arquitecto los valoró y salieron a subasta. Todo el mundo tuvo opción", dijo. Ya en referencia a la cesión de un terreno próximo, explicó que "necesitaba más terreno y además es una cesión".
Este debate no es exclusivo de los políticos, también los sindicatos se apuntan. Primero fue CC. OO. el que se quejó de las condiciones que encontraron las trabajadoras de la Consellería de Educación enviadas a la residencia para sustituir las numerosas bajas que registró su plantilla. Ayer, fue la CIG la que afirmó haber denunciado ante la Inspección de Traballo e Seguridade Social de la provincia, la situación de estas empleadas.
