“Podemos tranquilizarnos pero imos estar vixiantes”, comentó el secretario ourensano de la CIG, Anxo Pérez Carballo, horas después de que las empresas Irosa y Samaca registrasen los terrenos expropiados a la Junta de Montes de Mano Común de Portela-Trigal, en Carballeda de Valdeorras. “A situación de inminencia que había desapareceu. Hai unha expropiación con tódalas garantías legais”, afirmó, refiriéndose a la amenaza de cierre de las empresas y la pérdida de 300 empleos que conllevaría el lanzamiento que un juzgado programó para el 1 de marzo.
Todo comenzó con la falta de acuerdo entre empresas y comuneros en el alquiler de parte de los terrenos que ocupan las industrias y su expropiación por la Xunta. Pérez Carballo planteó que “a comunidade de montes ten moitos visos de estar fóra da lexitimidade que lle da a lexislación actual por excluír de forma arbitraria a xente”.
La alcaldesa de Carballeda, María del Carmen González Quintela, coincidió en considerar que la expropiación varió radicalmente la situación. “Era muy tensa y dolorosa, porque algunos escuchamos a los trabajadores. Pasaron por 15 días de auténtico pánico, pero creo que podemos respirar con tranquilidad”.
La regidora aseguró que el Concello siempre defendió “el derecho de los vecinos de Carballeda y Valdeorras a trabajar en paz y libertad”, añadiendo que “necesitamos el tiempo para trabajar y no para enredar”. También afirmó respecto a la Junta de Montes que “es prioridad para el Concello de Carballeda reconocer y respetar los derechos de los demás y ahí hay una cantidad mayoritaria de comuneros, que tienen alguna sentencia favorable, y que entendemos que deben recuperar sus derechos y vamos a luchar para que todos los vecinos, no una familia o una minoría, tengan reconocidos sus derechos”.
