La Audiencia Provincial de Ourense da la razón a dos vecinos del Trigal en sus reclamaciones de pertenecer a la Comunidad de Montes en Mano Común de Portela y Trigal. Son Antonio Rodríguez, a quien le habían sido suspendidos en 2021 por un periodo de cinco años, y Mercedes Alejandre, quien solicita pertenecer a la citada comunidad desde 2019, siéndole negada la petición por “no aportar documentación alguna y no reunir los requisitos”.
En el caso de Antonio Rodríguez, la sentencia argumenta que “el régimen sancionador en base al que se adoptó el acuerdo” es “nulo de pleno derecho”. En cuanto al fallo referido a Mercedes Alejandre, este reconoce que ”la demandante reside efectivamente en el lugar -Portela del Trigal- y, en consecuencia, ha de serle reconocida la condición de comunera”.
Las dos sentencias serán recurridas ante el Tribunal Superior de Xustiza, según apuntó el representante legal de la Junta de Montes en Mano Común, José Antonio Iglesias. Explicó que “la Junta de Montes acata las sentencias, una vez que estas son firmes” y explicó que el fallo de Mercedes Alejandre impone las costas a la demandante y en cuanto a Antonio Rodríguez, que la Junta de Montes “solo revocó el acuerdo de suspensión y que este suspendió a una persona de sus derechos, no se le privó de la condición de comunero”.
Antonio Rodríguez y Mercedes Alejandre no son los únicos vecinos de Portela y Trigal que recurrieron al juzgado para ser reconocidos como comuneros. Otras seis personas reclaman estos mismos derechos. Todos ellos recibieron con satisfacción las sentencias. Su portavoz, Alberto Voces, comentó que “la Audiencia Provincial empieza a darnos la razón porque entiende que se vulneraron nuestros derechos democráticos, sin base legal ni jurídica, y tenemos todo el derecho de pertenecer”, afirmó. El representante vecinal recordó la importancia de los montes de Portela y Trigal, “Nosotros también somos comuneros y vamos a poder ser partícipes y agentes decisivos en el futuro de un territorio que, además, es clave para el desarrollo de Valdeorras, puesto que en él se emplaza la importante actividad pizarrera”, añadió.
interés
La producción de pizarra es, precisamente, la actividad que desarrollan las empresas Samaca e Irosa, cuyos 300 trabajadores respiraron con el visto bueno de la Xunta a la expropiación de los terrenos, lo que impidió que cerrasen como consecuencia del lanzamiento que un juzgado había fijado para el pasado 1 de marzo, después de que comuneros y empresas no llegasen a un acuerdo para el arrendamiento de 14 hectáreas.
Pedro Rodríguez, presidente de Agrogandeira do Macizo Central (Agromacen), colectivo que apoya a los vecinos que reclaman ser miembros de la Comunidad de Montes, criticó la actitud del representante legal de la Junta de Montes. “O presidente está asesorado por un letrado, que se pecha cuns cantos comuneros nun local e lles di que, aos que van en contra, que lles quiten os seus dereitos”. También se quejó del “dano moral que se está causando a esa comunidad e a profesión de avogado”.
