Los colectivos empresariales y vecinales de A Rúa podrán opinar acerca de una posible modificación de la Ordenanza reguladora de la ocupación de dominio público local con terrazas, mesas, sillas, veladores y otros elementos análogos. "La aprobación de la ordenanza actual fue muy polémica y ahora intentamos dar voz a los afectados, que expongan sus necesidades", dice el alcalde popular. Álvaro Fernández López se refirió a un documento que en 2018 aprobó el equipo de gobierno bipartito que entonces formaron PSdeG-PSOE y BNG.
El regidor recordó la polémica suscitada durante la tramitación de la ordenanza vigente, que recibió críticas de un sector de la hostelería. Las quejas fueron dirigidas fundamentalmente contra la prohibición de colocar elementos rígidos, con la única excepción de los toldos. "Pretendemos una ordenanza adecuada a la situación actual y que esté viva, como todas las normas", añadió.
La consulta está dirigida a conocer la opinión de los afectados acerca de cuatro aspectos de la ordenanza actual, quienes disponen de un mes para presentar sus planeamientos en el Concello.
El primero de estos aspectos alude a las condiciones técnicas, estéticas y jurídicas que deben regir la colocación de terrazas, mesas, sillas, veladores y elementos similares en la vía pública. Persigue "evitar un uso indebido dos espazos públicos, garantir a protección dos dereitos e necesidades cidadás e dar satisfacción as demandas do sector da hostelería. de maneira que poidan ser compatibles os distintos intereses que concurren: seguridade pública, accesibilidade universal, protección do medio ambiente e do patrimonio da nosa localidade e permitir o lícito exercicio dunha actividade económica que potencia o turismo e o emprego". Además, pregunta por las normas a aplicar durante situaciones excepcionales, como la actual crisis sanitaria.
Otro apartado de la consulta está referido a la compatibilización del uso público y privado de la vía pública por las terrazas, en tanto que el tercer punto alude a los objetivos de la ordenanza. Abarca desde la determinación de la superficie de ocupación o los bienes susceptibles de la ocupación hasta la exigencia de un seguro o las características de las estructuras y elementos auxiliares. Finalmente, los colectivos afectados deberán proponer sus alternativas. "Veremos qué podemos incluir", comentó Álvaro Fernández, quien mostró su buena disposición ante "todo lo que sea colaboración".
