Santa Cruz clama justicia

La pegatina con forma del País Vasco y los colores de la ikurriña puede ser una señal de cariño hacia una tierra. Sin embargo, si permanece en el galpón levantado justo frente a la casa donde nació una víctima de ETA es, cuando menos, un detalle de mal gusto. Ese recortable es el que se encuentra cuando sale de su casa en Santa Cruz (O Bolo) la familia de Luciano Cortizo Alonso, el comandante del Ejército de Tierra fallecido en León el año 1995. Tenía 44 años cuando una bomba-lapa de la organización terrorista segó su vida y causó lesiones muy graves a su hija Beatriz, de solo 18 años. Aunque la familia prefiere no hacer declaraciones, fuentes próximas a ella mostraron su disgusto ante el emblema colocado ante la vivienda familiar. Ayer, buena parte de la atención se centró en las dependencias de la Audiencia Nacional, donde comenzó el juicio contra la histórica dirigente etarra Soledad Iparaguirre Anboto. Fiscal, Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y acusación particular piden 122 años de cárcel por presuntamente haber dado la orden de asesinato. Trauma La Audiencia Nacional queda muy lejos del pequeño pueblo bolés de 54 habitantes. Como si las altas temperaturas hubiesen aletargado a sus vecinos, en sus calles apenas podía verse a un par de personas y algún menor. Pasó mucho tiempo desde el atentado, prácticamente un cuarto de siglo, aunque no tanto como para que los boleses de más edad lo olvidasen. A pesar de ello, los comentarios más escuchados entre los consultados indicaban que ya no se acordaban de él, como si una pátina de silencio hubiese cubierto el brutal atentado. El mutismo, si bien existe, no es total. "Fue traumático", comentó un emigrante que disfruta de una estancia en la aldea. Recordó el autobús utilizado en el transporte de un nutrido grupo de habitantes a los funerales, oficiados en la ciudad de León. La colocación de una pegatina con la ikurriña ante la casa familiar del militar que fue víctima de eta genera malestar El tiempo todo lo sana, reza el dicho. Sin embargo, hay hechos que difícilmente pasarán al olvido. Luciano Cortizo, hijo de guardia civil y con dos hermanos en este cuerpo, fue asesinado brutalmente en la ciudad donde vivía y la familia optó por no pronunciarse respecto a su muerte. Fuentes próximas a ella transmiten sus recelos de que, finalmente, no se vaya a hacer justicia con la víctima. En este sentido, apuntaron que "él fue el que peor lo tuvo", para añadir que sus hijos y hermanos pueden sobrellevarlo, de mejor o peor manera, pero tienen la posibilidad de salir adelante. En la familia también muestran su malestar ante el olvido en que cayó el atentado. Los 25 años transcurridos pudieron tener algo que ver con el error cometido por algunas cadenas de televisión, que confundieron la imagen del fallecido con la de uno de sus hermanos y provocaron su enfado. "Bastaba con mirar el color del uniforme para comprobar que el verde no es el del Ejército de Tierra", comentaron las fuentes consultadas. El juicio, que se prolongará durante los próximos días, terminará y tendrá sentencia, pero los habitantes de Santa Cruz no olvidan el cruel asesinato de quien nació entre ellos. Bajo la capa de silencio se esconde su deseo de que el juicio que arrancó ayer en la Audiencia Nacional haga justicia. Anboto niega haber ordenado el asesinato de Luciano Cortizo Soledad Iparaguirre Anboto negó cualquier relación con el asesinato de Luciano Cortizo. La que fue máxima dirigente de ETA en los años 90, lo aseguró en la primera jornada del primero de los 12 juicios en la Audiencia Nacional a los que deberá comparecer tras ser entregada por Francia el pasado año. En el país vecino, donde fue detenida en 2004, cumplió condena por integración en asociación de malhechores. La acusada y Josu Urrutikoetxea "Josu Ternera" fueron los que el 3 de mayo de 2018 leyeron el comunicado que anunció la disolución de la organización terrorista. La acusación solicita una condena de 122 años de cárcel por el atentado contra el militar de O Bolo. Considera que la orden del asesinato partió de ella, circunstancia que fue negada por Anboto, quien rechazó haber dado ninguna orden o apoyado el atentado. "En absoluto" respondió a su abogado. Al ser cuestionada acerca de los testimonios de varios detenidos de ETA que la identificaron como jefa de los comandos legales de aquellos años, Soledad Iparaguirre atribuyó sus respuestas a las presiones que recibieron en el momento de su detención. Añadió que la acusan por ser la portavoz del colectivo de presas de la organización. Por este atentado ya fue condenado a 110 años de cárcel el etarra Sergio Polo, que fue quien colocó la bomba-lapa bajo el coche.