La Confederación Hidrográfica multó al Concello de O Barco con 28.800 euros por aquel proyecto
La Confederación Hidrográfica do Miño-Sil deberá devolver 28.848 euros al Concello de O Barco. Esta cantidad corresponde a la multa que las arcas municipales abonaron en 2011 por el enlosado del arroyo Cigüeño, en el tramo del núcleo barquense, ejecutado en 2008 por Augas de Galicia. La sanción había sido recurrida por este último organismo y por el propio Concello.
"O arroio Cigüeño seguirá comportándose como este ano, durante as crecidas. A obra era correcta. Foi un exceso de celo da Administración", explicó el alcalde socialista, Alfredo García Rodríguez, a la Corporación Municipal momentos antes del cierre de la sesión plenaria de ayer. El concejal de Riada Cidadá, Félix García Yáñez, respondió que se alegraba por el regidor, "non pola desfeita. Non estou por alicatar ningún arroio. Foi unha agresión ecolóxica", dijo.
Las preguntas del edil de la oposición marcaron una sesión, en la que el PSOE aprobó, con el apoyo de Riada Cidadá, una moción pidiendo la modificación de la Lei do Solo a la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Los seis votos del PP no lograron impedir que la propuesta saliese adelante con 11 a favor. Las preguntas del concejal de Riada Cidadá, Félix García,protagonizaron el resto del debate del pleno de ayer. Se interesó por el uso del antiguo edificio de los Juzgados, cerrado desde hace cuatro años. El alcalde, Alfredo García, explicó que, inicialmente, se pensó en ubicar en él la Jefatura de la Policía Local.
Félix García también preguntó por la existencia de un plan de emergencias para un posible accidente de un tren nocturno de mercancías, cargado de combustible o sustancias químicas. En esta pregunta, el alcalde respondió que ya existe ese plan.
La desaparición de líneas de autobús de Asturias y Barcelona también preocupó al concejal de la oposición. En este punto, el teniente de alcalde socialista, Aurentino Alonso Araujo, respondió que el Ministerio da largas a los escritos que le remite el Concello. "No último escrito preguntó quen é propietario da estación de autobuses. Parece mentira", dijo el edil, quien anunció que llevará el problema al Parlamento.
