Cartas al director

2.500 jueces son muchos jueces

n n n Que se tengan que pronunciar tres de las cuatro asociaciones de la carrera judicial de este país contra la injerencia de la clase política en los asuntos judiciales, es un clarísimo síntoma de intromisión en su independencia y una colosal denuncia del ataque frontal al Estado de Derecho que basa su estabilidad precisamente en la independencia de los tres poderes básicos. 

Que los políticos decidan y designen la composición del Consejo General del Poder Judicial y que sean ellos mismos lo que propongan y confirmen sus candidaturas es una violación del Estado de Derecho, según consta en la denuncia y así se lo han hecho saber a la Comisión Europea que podría tomar cartas en el asunto mediante sanciones que podrían representar la pérdida de derecho de veto en el Consejo Europeo.

A juicio de los representantes de las asociaciones de magistrados firmantes de esta declaración, no solo se está poniendo en riesgo el Estado de Derecho, si no que, en la práctica va a representar un “apagón” del órgano de gobierno de los jueces al dejarle sin funciones de designación de cargos judiciales. 

Según el escrito enviado por dichas asociaciones a la Comisión Europea, la deriva legislativa de España va en contra de la Constitución y supone el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción.

Unas graves acusaciones que los políticos deberían a tomarse muy en serio y que requerirían una contundente y satisfactoria respuesta.