Una de las noticias más comentadas la semana pasada fue el anuncio por parte del Gobierno central de la puesta en marcha del ya conocido como Ministerio de la Verdad, un plan para luchar contra las conocidas “fake news” mediante la monitorización de la información. Para ello, el Gobierno podrá solicitar la colaboración de los medios de comunicación, muchos de los cuales ya han puesto el grito en el cielo. Además, muchas fueron las críticas que surgieron en torno a esta iniciativa, al considerar que atenta contra la libertad de expresión y que su verdadera finalidad es precisamente la contraria, es decir, controlar los medios de comunicación.
El control de la información para evitar la desinformación no es algo exclusivo de España. Como antecedente, en Alemania se creó en 2017 la Ley de Refuerzo de la Red, que obliga a las redes sociales como Facebook o Twitter a retirar el contenido que se considere ilegal, con la amenaza de sanciones millonarias en caso de no hacerlo. A diferencia de España, la ley recibió el respaldo de los principales partidos políticos a pesar de que también obtuvo muchas críticas. Pero finalmente salió adelante.
En España se hace muy complicado trabajar cualquier iniciativa por el ambiente de crispación que existe entre los partidos políticos. Así que ya uno no sabe qué pensar sobre las iniciativas que se anuncian, porque las críticas o apoyos están condicionadas por la relación y empatía entre partidos y, no tanto, por la validez o no de las mismas.
Lo cierto es que los primeros que deberían someterse al Ministerio de la Verdad son los políticos y sus partidos, ya que los ciudadanos tenemos la sensación de que están continuamente anclados en la mentira. Instalar un buen polígrafo en el Congreso ayudaría a decidir sobre la política de este país.
