En 2014, Rubén Eladio López, funcionario perteneciente al grupo de Asuntos Internos de la Policía Nacional, inició pesquisas que desembocaron en el hallazgo de una fortuna perteneciente al entonces comisario José Manuel Villarejo incompatible con su salario. Tras proponer actuaciones, comenzó su intolerable tránsito por un amargo calvario de abominable acoso laboral y degradación moral. En 2018 presentó una querella contra altos mandos policiales por obstaculizar y tapar sus indagaciones, que ahora ve la luz con la imputación de la presunta mafia que era la cúpula policial de Rajoy.
Si la corrupción corroe las instituciones, es desolador que el denunciante sea puesto en la picota en lugar de ser protegido a muerte por el mismo sistema que los corruptos, con su conducta amoral, menoscaban.
Para que no se repitan tropelías, la ley que redacta el Gobierno debe, por encima de todo, blindar y arropar al que señala la podredumbre de autoridades, empleados públicos y empresas deshonestas.
