Sorprenden las manifestaciones organizadas por el PP como repulsa a la Ley de Educación, ley Celaá. Una lectura coincidente con otras opiniones pone de manifiesto que con esta ley “no hay para tanto” o la “Educación sigue igual”. Sin duda las manifestaciones tienen motivaciones ocultas. El PP necesita hacer ruido callejero como sea. El proponer argumentos para resolver los problemas reales de la educación nunca le ha ocupado demasiado tiempo, ni demasiados recursos intelectuales. En cultura cívica, la derecha española ha tenido vacíos muy considerables. Uno de ellos el de no aceptar el resultado de los debates y las votaciones del Parlamento. Hay muchas formas de “golpismo”. La deslegitimación de las instituciones desde los momentos fundacionales del absolutismo, del fascismo, del nazismo y del franquismo es una constante. Es necesario no caer en sus provocaciones y apostar con decisión por la legitimidad de la política de la democracia liberal. Es la garantía para una sociedad cohesionada, de progreso y equitativa. Respetuosa con las diversas opiniones.
En el trasfondo de esta ofensiva, el conjunto de movimientos neoconservadores, con sus peculiaridades temporales y locales, ha tratado de frenar y deformar la influencia cultural, social y política de los grupos de izquierdas entregándola a intereses privados particulares, mediante “conciertos” que profundizan cada vez más las desigualdades sociales y el empobrecimiento intelectual y cultural de la sociedad.
En la base de los referentes de la derecha, además de su incitación al odio y a la confrontación, está la necesidad de reconstruir un vínculo perdido tras los años de deslegitimación de las instituciones más importantes, la educación, la justicia y la sanidad. La educación ya no aparece como un motor de ascenso social, los partidos no ofrecen posibilidades reales para cambiar las cosas.
La solución de la escuela concertada promocionada por Maravall en el primer Gobierno socialista pudo ser en aquel momento un remedio. No había posibilidad de desarrollar una red de centros públicos que diera satisfacción a las necesidades sociales. Los de la “privada” cobraban una subvención a cargo de la contribución de todos los españoles, y adoctrinaban en los llamados “valores cristianos”.
Con el tiempo, esa solución se convirtió en algo peligroso para el bienestar social. No porque la idea fundacional sea totalmente negativa, sino porque el uso que se ha hecho de ella, obliga a los poderes públicos a reconsiderar su funcionamiento. La nueva ley sólo trata de arreglar parcialmente los problemas. No entra en el fondo del problema: una escuela pública de calidad para todos, sin “fracaso” ni “abandono” escolar, sostenida por profesionales cualificados. No es mucho pedir.
