La demora del juicio favorece a 9 acusados de una macroestafa

La investigación iniciada por el Grupo de Investigación y Análisis de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (GIAT) de Ourense en junio de 2010 por estafas a compañías de seguros, simulando accidentes de circulación, manejó grandes números durante mucho tiempo. La llamada operación Aleta concluyó en agosto de 2013 con 50 detenidos e investigados por parte del Juzgado mixto de Trives, pero quedaron reducidos a 10 cuando el ministerio fiscal presentó el 7 de diciembre de 2016 su escrito de calificación. Mientras, la investigación se sustanció en 19 tomos y miles de folios.

En la cúspide

Entre los investigados, la acusación pública situó en la cúspide a Santos A.R., con un taller de compra-venta y reparación de vehículos en A Valenzá (Barbadás), para quien llegó a solicitar una pena de 13 años de cárcel por estafa, falsificación de documento mercantil, simulación de delito, receptación y falsificación de documento oficial. Pero, ayer, con motivo del juicio celebrado en la sección segunda de la Audiencia, salió de la sala con una sentencia de 5 meses de prisión y dos meses multa (con una cuota diaria de cuatro euros) solamente por estafa y falsedad mercantil. El fiscal, en el breve juicio de conformidad, pretendía añadir la receptación, pero su abogado, Jorge Temes, se negó, asegurando que no era parte del acuerdo suscrito y ante una sala desconcertada.

Además, el ministerio público retiró todos los cargos imputados a la mujer del supuesto cabecilla.

El juicio, para el que había reservados ocho días, se solventó ayer tras dos horas de tira y afloja, con continuas entradas y salidas de la sala de vistas, entre los letrados de los inculpados, el fiscal y los abogados de las compañías aseguradoras. Las penas para el resto de inculpados (Carlos F.L., María P.A., Natalia M.L., María Luisa G.G., Sergio C.A., Félix C.M., Diego M.L. y José Ignacio M.B.) ) quedaron reducidas a multas o localizaciones. Ninguno entrará en la cárcel.

En cuanto a la responsabilidad civil, apenas se modificó con respecto al escrito inicial de la acusación pública. El que más dinero debe satisfacer es Santos, quien, según su abogado, ya consignó 50.000 euros en el juzgado, lo que se tuvo en cuenta para aplicar la atenuante de reparación del daño.

Dilaciones indebidas

Pero, sin duda, fue la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas la que más benefició a los acusados. La tardanza en llegar a juicio desde que el caso aterrizó en 2010 en el Juzgado de Trives dejó las penas reducidas a su mínima expresión.

La operación Aleta, la macroestafa más importante de los últimos años en Galicia, concluye con penas bajas, pero con el reconocimiento por parte de los inculpados de los hechos delictivos: de forma conjunta en algunos casos y aisladamente en otros fingían siniestros para cobrar una indemnización por un siniestro total o por la reparación del vehículo. El fiscal, en su escrito de calificación, enumera 36 fraudes entre salidas de vía, lesiones inexistentes o colisiones, y cifra el fraude en 348.000 euros.

El caso llegó incluso hasta el Tribunal Supremo. La Audiencia provincial consideraba que el asunto debía caer en uno de los juzgados de lo Penal, pero el fiscal no estuvo de acuerdo con la inhibición y recurrió al alto tribunal. Y mientras tanto, el reloj corría y las dilaciones indebidas se hacían muy calificadas.