Benito Iglesias critica un "servicio obsoleto" y demanda participación
Adelante Ourense solicitó ayer al alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, que cuente con la ciudadanía en el diseño del futuro transporte urbano de la ciudad y que los pliegos de condiciones por los que se rija el concurso público tengan el refrendo del pleno de la Corporación.
El presidente de Adelante, Benito Iglesias, alude al Reglamento de Participación Ciudadana del Concello para plantear que el gobierno ponga en marcha un proceso participativo para canalizar las demandas de los vecinos.
"La medida estaría motivada por la singularidad de este servicio municipal porque afecta a un número importante de usuarios, es imprescindible para la cohesión de los barrios y el perímetro rural, tiene un elevado coste y una gran incidencia en la calidad del aire", señala Iglesias.
Por todo ello, ve necesaria la creación de un consejo sectorial de Participación Ciudadana, que debe integrar a representantes vecinales, discapacitados, consumidores y otros colectivos relacionados con la movilidad. Estarán incluidos representantes de la actual concesionaria y técnicos de la Concejalía de Transporte. Adelante ve razonable también estudiar las propuestas surgidas de la Mesa de Movilidad.
Trámite
La formación liderada por Benito Iglesias propone también al alcalde de Ourense que la aprobación de las bases de la concesión de este servicio tengan el refrendo del pleno municipal, "ya que deben cesar en su táctica de eludir el debate en torno a los grandes temas que configuran un proyecto de ciudad.
Por todas estas razones, Adelante apremia al gobierno local a acelerar los trámites sobre la concesión del transporte urbano, dado que lleva más de tres años en precario y se "ha quedado obsoleto, vulnerando de forma permanente", entre otras cosas, "el principio de accesibilidad universal e impidiendo implantar el transporte metropolitano.
Reclamaciones
Para justificar la urgencia, Adelante también recuerda que al estar en precario, los pagos a la concesionaria cuentan con reparos continuos de Intervención, "con el riesgo de reclamaciones judiciales".
Desde el gobierno, insisten en que los pliegos se están adaptando a las exigencias de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, un trabajo que se ha delegado en una empresa externa, según trascendió en junta de área.
