El peso de las aportaciones de la Administración en los ingresos de los ourensanos es indudable. Una impensable quiebra sería la ruina de la provincia ya que hay más de 126.000 personas que dependen de los ingresos públicos para vivir. En términos comparativos es como si estuviese toda la ciudad y buena parte de los concellos que la rodean a expensas de las aportaciones públicas.
En esa cantidad se incluye los 108.301 pensionistas (con una media de ingresos de 732 euros) que se contabilizaban al finalizar el año 2019, los 18.456 ourensanos que trabajan para la Administración del Estado, la Xunta, los concellos, la Diputación y la Universidad. Aún habría un tercer grupo, que son los 10.72 parados que tienen derecho a una prestación, en torno al 60% de los inscritos como demandantes de empleo en la actualidad.
Por lo tanto la dependencia de los ingresos públicos es obvia y tiene cada vez más protagonismo en una provincia que se subsidia cada vez más. De los 307.547 habitantes de los 92 concellos hay un 41,2% que vive gracias a las aportaciones de las diferentes instituciones.
Por otra parte, para las empresas trabajan en torno a 95.000 personas, resultado de restar los 18.456 empleados públicos a los 113.300 ocupados que certifica la última Encuesta de la Población Activa (EPA). Es decir, hay cerca de 32.000 personas más que están al amparo de un ingreso público más que del cobro de una nómina de la empresa privada.
Las consecuencias de este desequilibrio son indudables: Ourense pierde empuje empresarial y capacidad de conservar o hacer crecer sus empresas, por lo tanto la dependencia y el subsidio parecen haberse cronificado ya. Con tasas inferiores al 50% de ocupación y actividad, la diferencia salta al primer golpe de vista ya que hay 108.301 pensionistas y los afiliados a la Seguridad Social se quedan en 103.265 al cierre del 2019. Por lo tanto, un déficit de unas 5.000 personas.
18.456: Es el número de empleados de la función pública en la provincia, según el Gobierno.
10.072: Es el número de parados que cobran prestación en la provincia, lo que supone en torno al 60% de todos los que están inscritos como demandantes.
94.844: Es la cantidad de personas que trabajan en el sector privado.
Brecha más ancha
La brecha entre actividad privada y subsidio de las aportaciones de las administraciones sigue abriéndose, sobre todo al percibirse que el ritmo de creación de empresas desciende ya que el pasado año iniciaron su andadura 366 sociedades, lo que supone la cifra más baja de las últimas dos décadas, muy lejos del récord conseguido en el 2006, con 682 nuevas sociedades mercantiles.
Aún habría otro factor que haría de acentuar el desequilibrio entre actividad privada o subsidiada: el éxodo juvenil no solo ahuyenta el talento sino que aleja el emprendimiento por cuanto son las personas más jóvenes las que deciden ser dueños de sus iniciativas creando su propia empresa. n
