Policías adscritos a la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional hallaron en el ordenador de Álvaro R.F., de 42 años, 5.914 archivos de imágenes y vídeos, en los que aparecían menores de edad manteniendo relaciones sexuales o con poses eróticas muy explícitas. Incluso había nueve archivos en proceso de descarga cuyo nombre no ofrecía duda de su contenido pornográfico.
Los agentes, tras una orden de entrada y registro en el piso en el que vivía el acusado con sus padres, requisaron el ordenador el 31 de mayo del pasado año. Los programas instalados en el terminal permitían tanto la descarga como compartir los archivos instalados, facilitando la distribución de los mismos.
La fiscal y su letrada llegaron ayer a un acuerdo: el inculpado reconoció que no solo descargaba sino que visualizaba y compartía con otros miembros de la red eDonkey el material pedófilo a través del programa eMule. La petición inicial de dos años de cárcel quedó reducida a un año, que queda en suspenso si no vuelve a delinquir. La breve vista se celebró ayer en el Juzgado Penal 2.
La investigación, bautizada como operación Sandrina, comenzó a mediados de marzo de 2018 cuando a la Comisaría llegó información del grupo de Protección al Menor de la Unidad de Investigación Tecnológica. En un barrido preventivo por la red Pee to Peer detectaron 170 personas que estaban distribuyendo contenidos de explotación sexual a menores de edad a través del protocolo eDonkey. En la provincia de Ourense, detectaron a dos usuarios presuntamente implicados.
En el caso de Álvaro, reconoció los hechos cuando la policía registró su habitación y asumió la responsabilidad de las descarga de los archivos con pornografía. Pero desconocía -así lo manifestó cuando fue detenido- que con descargas en el eMule estuviera compartiendo esos contenidos con otros usuarios. Y, según su versión, no sabía que en las imágenes apareciesen menores de edad. A la policía llamó la atención que tenía los archivos perfectamente organizados en una carpeta que a su vez se dividía en 40 subcarpetas. Todo el material decomisado, tras el juicio de ayer, será destruido tal como pedía la fiscal en su escrito de calificación provisional.
El juzgado instructor le imputó un delito de pornografía del artículo 189-1 (b) del Código Penal. Castiga con penas de uno a cinco años de cárcel al que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad o incapaces, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido.
La operación Sandrina se saldó con detenidos por toda España en verano de 2018. El caso más mediático fue el de un cura malagueño al que la Policía Nacional le atribuía un papel más activo a la hora de conseguir material pedófilo. La operación se segregó en distintas causas, en función de las provincias afectadas.
