Las administraciones más próximas a la gente, en general mal dotadas financieramente, afrontan en unos casos el abismo de la despoblación y en otros, el problema del crecimiento de las grandes ciudades.
Este sábado se constituyeron los más de 8.100 ayuntamientos resultantes de las elecciones del 26 de mayo y en la misma sesión se eligió a los alcaldes entre los concejales que figuraban como cabezas de lista de sus candidaturas. Esos 8.100 ayuntamientos constituyen el grueso del poder local en España, del que también forman parte las diputaciones provinciales, los consejos, los cabildos insulares canarios, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las áreas metropolitanas, las comarcas, las mancomunidades, la agrupación de municipios y las entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Entre todos gastaron unos 85.700 millones de euros, según los gastos definitivos de 2017, el último ejercicio del que hay datos oficiales publicados.
¿Es mucho dinero 85.700 millones de euros para más de 8.000 instituciones locales? ¿Es poco el dinero asignado a las administraciones más próximas a los ciudadanos? Tanto sus portavoces como los académicos que estudian este tipo de asuntos coinciden en que la hacienda local tiene que dejar de ser un residuo –con efectos colaterales en la discusión territorial– para dar un paso adelante y ser protagonista. Pero llevan diciéndolo muchos años, sin apenas avances, frenados a su vez por un sistema de financiación autonómica caduco desde 2014. Al final, el que reparte deja para sí la mejor parte y es el Gobierno central el que sale mejor parado, dentro de la precariedad general. Tanto para establecer sus propios recursos como para regular qué parte del déficit debe asumir cada nivel de la administración.
Pero este debate de los dineros –retórico– ocupa poco espacio en la agenda política española, generalmente centrada en asuntos como los pactos políticos para gobernar –“quítate tú, que me pongo yo”– y el eterno conflicto catalán.
De la deficiente financiación de los ayuntamientos se habla, es verdad, pero se habla poco y se debate menos, sin que exista una verdadera voluntad de cambio. Nada muy distinto de lo que está sucediendo con la financiación de las comunidades autónomas, que llevan cinco años de retraso en la fijación de nuevos criterios, incumpliendo la ley.
Otro debate importante afecta a las diputaciones provinciales, cuya desaparición llegó a incluirse en un pacto de Gobierno del PSOE y Ciudadanos tras las elecciones de 2015 que, al fracasar, se quedó en papel mojado.
La propia estructura local, diseñada en el siglo XIX, sigue pendiente de reforma para adaptarse a las demandas y necesidades de los ciudadanos del siglo XXI. Pero no hay voluntad política de hacer una transformación histórica, lo cual beneficia a los defensores del minifundismo municipal.
La permanencia de un sistema de competencias arcaico y duplicado –o triplicado–, una financiación insuficiente, los costes de la congestión y la pertinencia de las diputaciones provinciales en el Estado autonómico son solo algunos de los retos que quedan por resolver.
En paralelo, la despoblación perfila un abismo al que se enfrentan más de 4.000 municipios en toda España –la mitad del total, aproximadamente–, con una brecha demográfica que no hace más que crecer.
Ni siquiera la España urbana, más avanzada, ha logrado encauzar el problema de los límites municipales, superado por la realidad urbanística. Hay pocas áreas metropolitanas y las que hay funcionan mal o de modo muy parcial. En España no existe una planificación urbanística al estilo de lo que sucede en los países nórdicos o en EE UU.
@J_L_Gomez
