Si en la segunda y tercera sesión del juicio por el caso Pachi Vázquez ya se pusieron de manifiesto las muchas deficiencias del archivo del Concello carballiñés, este viernes tres funcionarios remataron con una estocada. Los testigos, llamados por el letrado del que fuera alcalde socialista entre 1995 y 2005, coincidieron en destacar la falta de control del espacio en el que deben figurar almacenados los documentos que atestiguan de forma fehaciente todo lo qué sucede en la Administración local, incluidas las contrataciones de personal. Los inculpados, además de Vázquez, figuran los expolíticos Carlos Montes, José Antonio Barge, Alfonso Prado y Elisa Domínguez, sostienen que hubo expedientes de contratación que se extraviaron, razón por la que la secretaria no los aportó a la fiscalía cuando en 2014 requirió justificantes de las incorporaciones a la plantilla. En esa fecha, estaba "manga por hombro".
"Era y es un desastre", valoró Teresa González, quien consiguió la plaza en un concurso-oposición en 1999 y llegó a ejercer como interventora accidental. La funcionaria de carrera, que desde 2019 está como bibliotecaria-archivera, puso sobre el tapete la facilidad de acceso al archivo "para cualquiera, y, según manifestó, hasta le consta que "faltan expedientes y documentos". Y a la pregunta de cómo era el panorama hace seis meses respondió con un expresivo: "¡Buff!".
En el interrogatorio también habló del papel trascendental de Intervención y Secretaría en el control de las contrataciones. Contrariamente a lo declarado por dos secretarias, sostuvo que el alcalde es el último en firmar los decretos que dieron vía libre a quedarse en el ente local y que nadie nunca los cuestionó.
Florinda, funcionaria jubilada en 2015, ejerció como secretaria accidental, relegó el papel del alcalde en los decretos -"cada departamento hacía los suyos"- y habló del "caos" en un archivo "muy desperdigado", aunque hubo un tiempo, cuando el esfuerzo sustituía a la informática, que "fue la niña mimada del Ayuntamiento". Al igual que su compañera, ve factible la pérdida de documentación. "Y se destruyó material, yo vi que picaban mucho", añadió.
Miguel Ángel Martínez, funcionario que trabaja como agente notificador, además de dejar constancia que todas las ofertas de empleo iban al tablón de anuncios o se anunciaban en la prensa o la radio municipal, no considera descabellada la pérdida de expedientes. Personalmente, fue testigo de cómo se trasladaron los documentos a la nave de A Uceira. "En carretillas y se tiraba al camión", aseguró.
"Se destruyó material, yo vi que picaban mucho", aseguró ayer en el juicio una funcionaria jubilada que testificó
Inspección de Trabajo
En la octava sesión del juicio, declararon como testigos varios trabajadores, incluidos seis profesores del conservatorio, que se convirtieron en indefinidos en virtud de una Inspección de Trabajo realizada en 2009 que detectó varios contratos anuales, por curso escolar, prorrogados automáticamente (la interventora en el periodo 2004-2015 declaró el día anterior que no le constaba el proceso de selección y se le negó el expediente de contratación cuándo lo reclamó). Los músicos, algunos dejaron la plantilla municipal por ofertas mejores pese a ser indefinidos, entraron a trabajar por baremación de méritos, tras ver las oferta en un anuncio de la prensa. Alguno de ellos no entró en la primera ocasión.
El juicio se reanuda el miércoles con las periciales y se brindará ya a los acusados la opción de declarar ya que no lo hicieron al comienzo del juicio.
