Alo largo de las últimas semanas, Xunta y Adif se han enzarzado en una guerra dialéctica que parece tener como objetivo acusarse recíprocamente de una situación que estamos padeciendo todos los ourensanos: la incertidumbre relativa a los retrasos en el trazado gallego de la línea de alta velocidad, que tendría que estar finalizado de aquí a una semana, pero que seguirá en obras cuando menos hasta el comienzo del otoño. La Xunta, por boca de su presidente y de su conselleira de Infraestructuras y Movilidad, basa su acusación de nuevo incumplimiento en un informe elaborado por técnicos de ese departamento. La respuesta del Adif, siempre en contrario, consiste básicamente en insistir que se van a cumplir los objetivos con pequeños retrasos, que se trabaja a destajo y que si hubo un gran retraso fue por la paralización durante años de las obras y las inversiones en la etapa de Ana Pastor. Asistimos pues, a una guerra entre dos partidos políticos, cada uno armado con su institución pública, para descalificarse mutuamente en un baile de acusaciones que al ciudadano de a pie, lector de este periódico no le arroja ninguna luz sobre la verdadera situación en la que se encuentra el futuro tren de alta velocidad.
Nadie duda de que en se está trabajando a destajo, en unos puntos de la traza más que en otros. Pero el esfuerzo tal vez titánico de unos días o unas semanas no va a librar a los gallegos de una nueva frustración.
Se trata, y esto es lo peor, de una frustración debida a un falso compromiso, no a un retraso en las obras. Cuando Íñigo de la Serna se comprometió a que antes de finalizar 2019 habría un tren en pruebas en la estación de Ourense, era ya un reto imposible de cumplir. Desde las páginas de este periódico, en los primeros meses de 2017 ya lo poníamos en cuestión, sobre la base de una compleja situación en la traza, con subtramos paralizados por disputas con las constructoras y por una larga lista de contratos pendientes de licitar y adjudicar. Muchos se tramitaron en un tiempo récord, ciertamente. Pero también con un margen de ejecución que ponían muy difícil cumplir el pronóstico. En otros, la situación era todavía más grave, puesto que se adjudicaron a posteriori a ese compromiso con un plazo de ejecución que superaba holgadamente la fecha prometida. En este periódico publicamos el 14 de agosto de 2018 que el contrato de electrificación de la línea prolongaba hasta el otoño de 2020 la finalización de las obras. Era una afirmación basada en la lectura de un documento firmado por los técnicos del Adif: el pliego de condiciones administrativas de ese contrato. Algo tan evidente y que nosotros hicimos público pasó inadvertido para José Luis Ábalos que se comprometió igualmente con la fecha de 2019 varios meses después de haber salido a licitación ese contrato que la imposibilitaba. Luego llegaron otros contratos en los que incluso cumpliendo los plazos no terminarían las obras hasta marzo e incluso abril de 2020. Pese a todo, se insistía una y otra vez que todo iba en plazo.
No cabe pensar pues en imponderables que han prolongado unas obras que ya estaban ajustadas al límite. Tenemos que concluir que esta ha sido una historia sembrada de mentiras desde el mismo día en que nació. Si sumamos el número de años contabilizados desde la primera mentira, el primer incumplimiento ya supera al del plazo previsto para la ejecución: iban a ser siete años para construir un trazado de 427 kilómetros, entre OImedo y Santiago de Compostela. Los 471 del AVE a Sevilla se ejecutaron en tres y su tramitación desde el papel al inicio de las obras fue de dos más. Nosotros llevamos dieciséis años, nueve más de los proyectados, por ahora, porque todo apunta a que al final sumarán diecinueve o tal vez veinte. La Xunta tiene motivos sobrados, como gobierno gallego, para mantener una actitud crítica y desconfiada. La lástima es que esa misma actitud no se hubiera mantenido desde el principio y que sus ingenieros hubiesen descubierto el fraude de las fechas que anunciaba una y otra vez la entonces ministra Ana Pastor, mientras la maleza crecía en las bocas de los túneles y en la traza a lo largo de los cien kilómetros del recorrido gallego de la línea de alta velocidad.
La transparencia en la gestión de esta infraestructura ha fallado sistemáticamente. Quizás porque lo que convenía, políticamente, era extender una gran cortina humo con la que confundir a los ciudadanos y distraerlos mientras se perpetraban, una tras otra, las paralizaciones, los retrasos, el desvío de dineros hacia otros intereses que convenían más en ese momento y así una larga lista de agravios que a lo largo de estos dieciséis años hemos sufrido los gallegos en general y sobre todo, los ourensanos en particular.
Lamentablemente, esa lista de iniquidades parece que no llega a su fin y ahora nos amenaza con una nueva remesa: hace nueve meses el Adif se comprometió a licitar los contratos con los que ejecutar la estación de alta velocidad en el barrio de A Ponte y la variante exterior a lo largo del segundo semestre de este año. A ese segundo semestre, que parecía tan largo en marzo, le quedan veinte días y ni uno solo de esos contratos ha sido licitado todavía. La variante exterior, con un presupuesto estimado de 475 millones de euros, es la inversión más vulnerable en estos momentos. Hay en ciernes un cambio de gobierno que depende del apoyo de distintos grupos políticos que tienen en su agenda de inversiones otras prioridades. Si a eso le sumamos cinco líneas de alta velocidad en obras en una España en la que la economía se enfría, la variante exterior de Ourense podría verse descolgada de los planes del Ministerio de Fomento, si su licitación se sigue aplazando. El retraso en las obras actuales ya es inevitable. Es momento de exigir que en las obras pendientes no se vuelva a repetir la historia, una vez más. Y ahí insistimos, tiene que haber un frente común, de todos los políticos ourensanos, porque es en interés de la ciudad, y de la Xunta, porque también es en interés de Galicia.
