VALDEORRAS

O Barco perseguirá a quien vierta en A Raña

Neumáticos abandonados en el suelo industrial de A Raña.
photo_camera Neumáticos abandonados en el suelo industrial de A Raña (J.C.).

Los montones de escombros abandonados ensucian el suelo industrial

La guerra contra los vertidos de escombros y basura en los terrenos que el Instituto Galego de Vivenda e Solo destina a suelo industrial en O Barco de Valdeorras parece no tener fin. Los montones de basura y residuos de todo tipo se multiplican sobre los terrenos de A Raña, sin que los carteles que, hace años, colocó el citado organismo y que advierten de la prohibición alcancen el objetivo perseguido. Los citados letreros son claros: "Prohibido verter lixo e escombros".

El uso de este lugar por desaprensivos que acuden a él para deshacerse des restos de obra, neumáticos usados, objetos domésticos que no funcionan y otros residuos es conocido en el Concello de O Barco. La concelleira de Medio Ambiente, Diana Urdangaray Díaz confirmó este martes que el departamento realiza una labor de vigilancia que resulta muy complicada. "A xente que se detecta realizando vertidos é denunciada, mais é difícil", comentó.

Este seguimiento es realizado por los agentes de la Policía Local. Periódicamente, recorren A Raña en busca de posibles infractores y, en aquellos casos en los que detectan un vertido, realizan un informe.

Esta situación se produce en un paraje barquense por el que discurre una ruta peatonal que es utilizada por numerosos vecinos, quienes muestran su malestar por todos estos residuos.

También es conocedor del problema de A Raña, el titular de los terrenos: el Instituto Galego de Vivenda e Solo. Tanto es así que en los carteles que repartió por distintos puntos del suelo industrial barquense reflejó la cuantía de las sanciones a las que se enfrentan quienes hacen caso omiso de la prohibición.

La Lei 22/2011 de residuos y suelos contaminados, redactada para erradicar este tipo de vertidos, contempla unas sanciones que oscilan entre los 901 euros, fijados para penalizar los casos menos graves, hasta los 45.000 que castigan las situaciones de mayor gravedad.

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