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El bipartito coloca la primera piedra de su plan de gobierno en Ourense

La Región | 28 de enero de 2020

Votación durante el pleno extraordinario sobre los presupuestos del Concello (MIGUEL ÁNGEL).
Votación durante el pleno extraordinario sobre los presupuestos del Concello (MIGUEL ÁNGEL).
El presupuesto de 2020, de 103 millones, aprobado inicialmente con el "no" de la oposición: "Es ilegal"

Aunque ni siquiera entrarán en vigor hasta dentro de unas semanas (debe haber una fase de exposición pública para alegaciones y la resolución de estas), los 14 concejales de DO y PP, que conforman el gobierno municipal de Ourense, celebraron la aprobación inicial de los presupuestos del Concello para 2020 (con una previsión de 103,1 millones) como un equipo de fútbol tras la conquista de un título, posando todos juntos tras sacar adelante con sus votos unas cuentas que nacen con amenazas de judicializarse e, incluso, según los portavoces de PSOE y BNG con la posibilidad de una comisión de un delito de prevaricación por parte de los ediles del grupo de gobierno.

"Es un debate histórico, dejaremos de ser la capital de provincia con el récord negativo", dijo al arranque del pleno el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, en alusión a los más de siete años que llevaba el Concello sin aprobar en pleno un presupuesto, errando a continuación al afirmar que en el pasado mandato nunca se habían debatido unas cuentas (sí se hizo en junio de 2018, aunque se rechazaron, le hizo saber su socia de gobierno Ana Morenza).

La edil de Facenda (PP) fue la encargada de defender el trabajo para colocar la primera piedra del plan de gobierno. "Es uno de los trámites más importantes de un Concello porque demuestra los objetivos del gobierno. Son realistas, rigurosas y las más sociales de la historia, pensando en las necesidades de los ciudadanos, garantizando un futuro para la ciudad", dijo Morenza de las cuentas, justo antes de que llegase una larga lista de reproches de los grupos de la oposición, votando todos en contra de estas cuentas.


Debate


"O interventor non deixa lugar a dúbidas, hai vicios de nulidades, non teñen nin un só informe favorable. Deberían retiralo porque é unha flagrante ilegalidade. Avisados quedan", señaló el portavoz del BNG, Luis Seara, muy crítico con el "pírrico investimento".

En una línea similar, el líder de Ciudadanos, José Araújo, le recordó al actual alcalde su posicionamiento con el presupuesto de 2018 (el propio Jácome dijo que los actuales son "continuistas" pese a votar en contra en 2018 por el informe del interventor –"me hace gracia que digan que es palabra de Dios", dijo este lunes sobre el criterio del funcionario en el que siempre se apoyaba) "por pedir que aprobemos algo ilegal" y considera que "estes orzamentos non cumpren coas expectativas da cidade e non reflexan as necesidades, só a dun goberno dividido xa en catro, os que siguen a Caride, a Jácome, a Jesús Vázquez e a Jorge Pumar, unha loita que nos leva ata aquí, sen aposta polo termalismo, o comercio ou o gran mes de San Martiño".

Más duro fue el portavoz socialista, Rafael Rodríguez Villarino, entendiendo que las cuentas que tramita el gobierno municipal "non son nada, senón algo baleiro para pasar un trámite, colgarse unha bandeiriña e polo que poden incurrir nun delito de prevaricación". El máximo responsable del PSOE ve unas cuentas "claramente ilegais" y lamentó el acuerdo del pasado mandato para reducir el IBI un 20%, "xa que agora Ourense debería ter alomenos un orzamento de 110 millóns, como di o Consello de Contas".

Desde el gobierno, Morenza intentó aplacar las críticas recomendando a PSOE y BNG "un ejercicio de memoria de cuando aprobaban el presupuesto con informes del interventor incluso más duros", sumándose al debate el portavoz de DO, Miguel Caride, que minimizó el impacto de las cuentas pese a ser"os mellores que se podían facer", matizando que "non se pode fiar todo ó orzamento, xa que os investimentos irán con cargo ó remanente". El gobierno no dudó en asegurar "una gran cantidad de obras". Ahora, ya sin excusas. 


La inversión apenas roza los 5 millones


El límite de gasto aprobado (de 98,4 millones) es una buena muestra del encorsetamiento al que se ven sometidas las cuentas del Concello, con aproximadamente el 88% del gasto contemplado en el proyecto validado ayer inicialmente ya comprometido de antemano, lo que apenas deja un margen de 4,8 millones para inversiones, cantidad "insuficiente" para la oposición y que el gobierno garantiza que se ampliará con las modificaciones de crédito.

Más de 38 millones se reservan en el capítulo de personal, mientras que casi 53 se van en gasto corriente para mantener los servicios públicos. El tema laboral preocupa a PSOE, BNG y Ciudadanos, que criticaron que no se negociara con sindicatos.

La repercusión de la bajada del IBI también suscitó debate. Ana Morenza destacó que "reducimos impuestos y tenemos los mismos ingresos", argumento rechazado por PSOE y BNG. "É unha medida populista e antisocial", dijo Luis Seara.

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