Los fondos europeos están compuestos por ayudas y créditos. Los préstamos habrá que devolverlos y las ayudas llevan consigo condiciones. Por eso el Gobierno ha tenido que preparar nada menos que 170 reformas para poder sacar adelante sus proyectos, cuya aprobación definitiva corresponde a Bruselas.
Habitualmente se le presta mucha atención a las peleas de autonomías y Gobierno por esos fondos, con las empresas de por medio, ya que por lo general se trata de proyectos industriales, no de obras públicas como en otras ocasiones. Incluso hay disputas en el seno del Gobierno de coalición. Pero al final lo que va a pesar es el criterio de Bruselas.
Ahora, a todos esos líos entre instituciones, partidos y empresarios se suman los sindicatos, ya que quieren hablar de las reformas que lleva consigo la consecución de los fondos. Es lógico, al tratarse de asuntos en los que los agentes sociales deben ser cuando menos consultados por el Gobierno, como la reforma de las pensiones o la reforma laboral.
Es evidente que si hay tantas tensión y controversia es porque en España no hay un liderazgo político claro, lo cual tiene que ver con la gravedad de la crisis y las desigualdades pero también con la fragmentación y la polarización política. No hay una idea clara –consensuada– sobre lo que se quiere hacer y, por el contrario, hay infinidad de opiniones entre los agentes sociales, económicos y políticos. Algo que en buena lógica debería propiciar un gran acuerdo de país para salir a flote amenaza con abrir la caja de los truenos. De hecho, ni siquiera se descartan las movilizaciones. Mal asunto.
En juego está la salida de la crisis, la política económica a medio plazo y la propia continuidad de la legislatura. Pero a día de hoy no hay acuerdo y, lo que es peor, los agentes sociales ignoran lo que se está hablando. Solo saben que en cuestión de días el Gobierno tiene que informar de sus planes a la Comisión Europea.
Sindicatos y empresarios creen que todo esto no es de recibo y que no pueden firmar un cheque en blanco. Intuyen que esas 170 reformas que el Gobierno oculta no son precisamente caramelos.
Da la impresión de que esta vez Pedro Sánchez ha delegado en la vicepresidenta Nadia Calviño la resolución de semejante marrón, ante el que ella tiene buenas palabras –“nuestro Gobierno está determinado a tratar de lograr el máximo consenso político y social”– pero poco o nada que ofrecer a quienes aspiran a mejorar el mercado laboral y las pensiones. Pinta mal la cosa.
Hablar, como hacen los sindicatos –y hacían antes PSOE y Podemos–, de derogar “los aspectos más lesivos de la reforma laboral” no parece que esté en el ánimo de la alemana Ursula von der Leyen, una madre de siete hijos que pone orden en Europa desde la Comisión. Tampoco están pensando en Bruselas en subir el salario mínimo ni en otras reivindicaciones sindicales, sino más bien en elevar de 25 a 35 años el periodo de cómputo de las pensiones, una medida que supone un recorte para la clase trabajadora.
A esta creciente tensión de los sindicatos con el Gobierno se añade la tirantez de las autonomías –no todas, pero casi– con respecto a los proyectos enviados a Bruselas. Igual que puede pasar con las misteriosas 170 medidas de Calviño, ya se ha ido para Bruselas una treintena de proyectos opacos de Sánchez, que intenta quedarse con el reparto de caramelos dejándole a Calviño poco más que carbones.
@J_L_Gomez
