CONCELLO DE OURENSE

Las carencias de personal, una losa para servicios esenciales

photo_camera Ciudadanos esperando el turno para ser atendidos en la planta baja de la casa consistorial por los funcionarios.

Atascada la oferta de empleo y sin la RPT aprobada, Policía Local y Bomberos están en mínimos

Uno de los problemas que ha sufrido el Concello de Ourense para funcionar a pleno rendimiento durante los últimos años y que ha supuesto una importante merma en algunos servicios públicos fundamentales tiene que ver con la falta de recursos humanos en la administración, que no ha sabido lidiar con la cuestionada Ley Montoro pero tampoco dar con la tecla en los últimos años para sacar adelante unos presupuestos que conllevasen ofertas de empleo para cubrir los departamentos más necesitados.

Por esto, todos los grupos políticos han coincidido en señalar la escasez de personal especializado como un escenario a revertir a partir de la configuración del próximo gobierno municipal, que se encontrará en primer lugar con una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en plena tramitación administrativa, como confirma la actual edil de Recursos Humanos en funciones, Flora Moure.

"Estamos pendientes de informes para poder realizar la aprobación definitiva, pero será ya imposible este mandato, quedará para la nueva Corporación", explica la concejala, que tras anunciar en febrero la aprobación provisional se mostraba convencida de que los cambios estarían ya en vigor antes de las elecciones. Esta modificación de la RPT, sin embargo, también está pendiente de la resolución de un recurso judicial.

Las complicaciones en materia de personal no terminan aquí, ya que esgrimiendo como excusa la falta de presupuestos y los cambios en la RPT, el gobierno local no puso sobre la mesa hasta marzo de este año una Oferta Pública de Empleo, que ha sido rechazada de pleno por seis de los siete sindicatos con representación en el Concello. Con esta fórmula, el PP pretendía convocar un mínimo de 136 plazas, que se repartían entre 36 de personal indefinido que entró en el Concello a través de una sentencia, 32 de Policía Local, 11 de bomberos, 32 de interinos y 25 de vacantes por jubilación de personal general.

Precisamente, las plantillas destinadas a garantizar la Seguridad Ciudadana han sido un permanente foco de polémica en los últimos años. Tanto la Policía Local como los Bomberos están en unos niveles de personal muy por debajo de lo que marca la RPT del Concello y las soluciones abordadas no han dado sus frutos.

En el caso del cuerpo policial, aunque ya se han realizado las oposiciones correspondientes a las OPE de 2013 y 2014, con nueve plazas nuevas, los efectivos todavía no están patrullando, ya que antes deben formarse en la academia. Además, el convenio firmado entre Concello y Xunta para centralizar los procesos selectivos a partir de este año no ha dado sus frutos, ya que para formar parte, Ourense debía haber realizado los trámites de la oferta de plazas.

Mientras, para el cuerpo de Bomberos, el gobierno local puso sobre la mesa una propuesta de contratar interinos que no contentó a los representantes sindicales, que piden plazas estables. Alertan recurrentemente de que los medios son insuficientes para atender, dado el caso, incidentes simultáneos. n


La selección del jefe de Recursos Humanos, otro reto tras el revés de Rodríguez Nóvoa


Otro desafío que se encontrará el próximo gobierno municipal será llevar adelante procesos selectivos como el del puesto de jefe de servicio de Recursos Humanos, una figura clave en el funcionamiento del Concello que ha estado marcada por la polémica durante el mandato, después de que el concurso realizado terminase con la selección del exedil del PP Javier Rodríguez Nóvoa, un nombramiento que fue recurrido en instancias judiciales por PSOE y Ourense en Común, a los que se le dio la razón en todas las instancias.

Por este motivo, Rodríguez Nóvoa decidió abandonar su puesto a principios de abril, una vez que el Tribunal Supremo decidió no admitir a trámite su recurso al fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Los grupos de la oposición lo tildaron en todo momento de "comisario político" por su pasado, mientras que el PP defendió en todo momento el nombramiento.

Sí salieron adelante, pese a ser llevadas también a la justicia, las designaciones de 14 jefaturas de servicio, decidiendo incluso el PSOE retirar su recurso de apelación durante la campaña electoral. 

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