La Interpol ya comunicó al juez la negativa de Venezuela a extraditarlo
La negativa de Venezuela a extraditar al economista Alberto Jesús López Rodríguez para tomarle declaración por la desaparición de 400.000 euros de tres cuentas concursales que él administraba impide que el Juzgado de Instrucción 2 de la ciudad comience a investigar la querella de la Fiscalía, limitada hasta la fecha a unas diligencias informativas.
Pero la fuga del economista también repercutirá en otro procedimiento prácticamente concluido: la irregular gestión de la ayuda a domicilio en el Concello de Ourense en la época del PSOE. López Rodríguez figura junto a su exsocio, José Fermín Troncoso, y la exedil de Benestar Social, Marga Martín, como imputados. Los dos últimos han recurrido el auto de procedimiento abreviado ante la Audiencia, por lo que aún no hay escrito de acusación por parte del ministerio público, que también presentó recurso, planteando la imputación de una funcionaria a la que el instructor había apeado en el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado.
Aunque la ausencia del administrador concursal perjudicaría el desarrollo de la vista oral ante la Audiencia -es uno de los principales encausados- no la impide. A lo sumo, podría dilatarla unos meses. De hecho, el juicio tan siquiera se prevé a lo largo de este año.
El juzgado, también Instrucción 2, tiene dos opciones: declararlo en rebeldía y continuar el procedimiento con respecto al resto de investigados o bien, una alternativa que aún no ha sido valorada, volver a pedir la extradición a Venezuela por los delitos por los que será acusado en este asunto penal (estafa en concurso con falsedad en documento mercantil y/o fraude y exacciones ilegales). En cualquier caso, Alberto Jesús López tendría una cuenta pendiente con la justicia ourensana (se le podría juzgar un vez se detecte su presencia en España).
El affaire de la ayuda a domicilio comenzó a instruirse en 2012. El procedimiento penal se sustenta en las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de ese servicio entre 2007 y 2011, en concreto con el pago de facturas realizado a la concesionaria -la UTE Troncoso Saludges Servicios Sociosanitarios- y que contaban con reparos del interventor del Concello.
La imputación parte de que la adjudicataria supuestamente fue favorecida por la concejalía en tanto que se le efectuaron pagos en base a conceptos no recogidos en el contrato. Según sostiene el juez, la empresa percibió entre 2007 y 2008 un total de 336.000 en dos facturas falsas de regularización.
Revés judicial en Venezuela
El magistrado que había interesado la extradición, Luis Doval, por el desfalco de cuentas concursales ya tiene conocimiento de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, que declaró "improcedente" su solicitud sin perjuicio de que sea juzgado en ese país"con las debidas garantías". Un oficio de la Interpol llegó la pasada semana al edificio judicial de Ourense en el momento en el que el titular estaba de vacaciones.
La justicia de ese país tiene en cuenta que el implicado posee la nacionalidad venezolana y ampara que permanezca allí, ratificando la privación de libertad decretada en abril de este año por el Juzgado Vigésimo Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
El tribunal también "insta al Ministerio Público a que recabe todas las actuaciones y cualquier elemento probatorio para el esclarecimiento que dieron lugar al presente procedimiento por el delito de malversación".
