Con un comportamiento muy positivo, los ayuntamientos gallegos han sido los alumnos más aplicados en el proceso de ajuste fiscal sin precedentesde todo el sector público
Como es conocido, las Corporaciones Locales no pueden incrementar sus presupuestos por encima del crecimiento previsto para la economía española, para evitar tener que aplicarse un plan de ajuste, tal y como ordena la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que modificó a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Lo anterior puede ser de necesaria aplicación a ciertos ayuntamientos, pero otros muchos han hecho los ajustes necesarios y están en condiciones de mejorar el nivel de bienestar de sus ciudadanos. Tal restricción no debería aplicarse a todos. Además, tras los fuertes recortes experimentados durante la última década, la relajación de este proceder tan restrictivo, parece una interesante opción a considerar, al menos para que los ciudadanos recuperen parcialmente –en calidad y cantidad- los servicios públicos locales que venían disfrutando antes de la crisis.
LOS PRIMEROS DE LA CLASE
Las entidades locales tienen indicaciones para reducir todo lo que puedan su deuda. Esto coarta sus posibilidades de mejorar de los servicios públicos, aun teniendo superávits y pagando las facturas a sus proveedores. Por otra parte, no podemos obviar que los ayuntamientos han sido las Administraciones Públicas que mejor han aplicado la contención del gasto público. Los ayuntamientos han sido los primeros de la clase en el objetivo de reducción de déficit público.
Tal y como señala la Red Localis, el endeudamiento de las Administraciones Públicas en general y de las entidades locales, en particular, debe realizarse con la debida cautela, de manera racional, puesto que estos ingresos de naturaleza financiera es necesario devolverlos con sus correspondientes intereses.
Por otra parte, resulta evidente que el recurso a la deuda, vía crédito resulta muy “goloso” para cualquier gobernante actual, ya que el coste económico y político de un endeudamiento excesivo se va a soportar más adelante por los futuros responsables municipales. Se puede llegar al resultado de que los excesos de ser demasiado generosos con la política de endeudamiento de un determinado gobierno municipal los tenga que pagar otra corporación diferente. Por eso es necesario introducir cierto ejercicio de responsabilidad fiscal.
Fruto de esta necesidad, en este último documento de la Red Localis se analiza la situación de la deuda viva local a partir de la situación de los créditos pendientes de pago a 31 de diciembre para todos los ayuntamientos gallegos. Las cifras presentadas resumen la deuda financiera, no incluyendo la deuda comercial, ni los préstamos concedidos por la Administración General del Estado a las entidades municipales. Se trataría de contabilizar la totalidad de aquella deuda procedente de las entidades de crédito y las cantidades correspondientes a emisiones de deuda pública que tienen que ser satisfechas por las arcas municipales.
Una cuestión relacionada con este indicador precisa de la máxima atención y pone sobre la mesa la necesidad de un comportamiento responsable de esta cifra. Basta recordar que entre los requisitos para que las entidades locales no necesiten pedir autorización para financiarse o, dicho de otra forma, para que no pierdan autonomía financiera, es imprescindible que la deuda viva en términos consolidados no supere el 75% de los recursos corrientes. Por lo tanto, contar con una situación saneada es fundamental para utilizar la capacidad de endeudamiento sin tener que “pedir permiso”.
CAÍDA DEL ENDEUDAMIENTO
¿Cuál ha sido el comportamiento de los ayuntamientos gallegos en los últimos años en relación a la deuda vida? Analizando la totalidad de los datos publicados por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y a partir del estudio de la Red Localis, se manifiestan tres etapas. Una primera, que corresponde al período 2007-2011 donde se constata una clara contención del indicador, en torno a los 650 millones de euros. Una segunda, que comprende un solo año, el 2012, cuando el monto total de la deuda vida se dispara hasta llegar a los 774 millones. Finalmente, tendríamos una tercera etapa, a partir del 2013, caracterizada por una fuerte caída, hasta llegar a los 421 millones de euros.
Así, entre 2007 y 2016 se observa una reducción de casi 217 millones de euros, que permite señalar el gran esfuerzo realizado por los ayuntamientos gallegos en la contención del endeudamiento. Sin duda, donde mejor se ve lo anterior es en la evolución de la ratio de deuda viva por habitante: 229 euros en 2008; 272 en 2012 y 155 en 2016. Como ya he señalado, un importante esfuerzo en muy pocos años por parte de los municipios gallegos.
Ahora bien ¿A qué responde este inusual comportamiento de la deuda viva en 2012? ¿Por qué precisamente se recoge en este único año un aumento tan importante? La razón es simple. Para ese ejercicio económico el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas permitió que muchos ayuntamientos con problemas de liquidez se acogieran al Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.
Esto, que algunos analistas han llegado a calificar como el “rescate” de las entidades locales por parte de la Administración General del Estado, posibilitó que se pudiera hacer frente a las numerosas facturas pendientes de los ayuntamientos. La forma de hacerlo fue a través de nuevos créditos bancarios, tanto desde la óptica pública como privada. En el primero de los casos, el papel del Instituto de Crédito Oficial (ICO) fue vital para que muchos proveedores cobrasen sus facturas pendientes, durante muchos ejercicios, a los ayuntamientos gallegos. Sin duda, fue un globo de oxígeno para muchos pequeños empresarios y proveedores que veían en peligro cobrar a tiempo sus facturas y que en ciertos casos llegó a suponer el cierre de su actividad económica.
En los años siguientes se manifiesta una importante reducción de los niveles de endeudamiento, que responde a una serie de causas. En primer lugar, destacan el importante ajuste en los presupuestos municipales, que ha posibilitado una menor demanda de créditos por la contención del gasto; en segundo lugar, las elevadas ayudas estatales a los municipios, que han sido las responsables de esta mejoría en los indicadores financieros; en tercer lugar, el mayor crecimiento de nuestra economía, lo que ha posibilitado un aumento de los ingresos tributarios municipales y, finalmente, la aplicación del “techo “de gasto, que ha frenado el crecimiento del gasto corriente y de inversión.
COMPORTAMIENTO DISPAR
¿Se manifiesta un comportamiento homogéneo a nivel provincial? No es el caso. Los ayuntamientos con mayor deuda viva, en términos relativos en relación al total de la deuda municipal para 2016, son los de A Coruña (48,7%) y Pontevedra (26,8%). La situación contraria se observa en los Lugo (11,5%) y Ourense (13,1%). En términos absolutos, entre los ayuntamientos con menor deuda viva, se encuentran los de Ourense (598.000 euros de media) y Lugo (720.000 euros). En los ayuntamientos de A Coruña (2,2 millones) y Pontevedra (1,8 millones) sucede todo lo contrario.
El indicador de deuda viva per cápita resulta también dispar por provincias. De nuevo considerando 2016, los ayuntamientos de Ourense recogen 229 euros por habitante, frente los 112 euros de A Coruña. Por tamaño municipal también se aprecian diferencias significativas. Son los ayuntamientos de 20.001 a 50.000 habitantes son los que recogen menor endeudamiento per cápita, 131 euros, frente a los 189 euros para los municipios de más de 50.000 habitantes.
Una cuestión muy importante es que en 2016 había en Galicia 112 ayuntamientos (el 35,8% de la totalidad) sin deuda viva por habitante, a lo que habría que añadir que contábamos con 80 municipios (25,6%) con una deuda viva entre 1 y 100 euros. Además, el 15% de nuestros ayuntamientos tenían una deuda per cápita entre 300 y 500 euros y solo el 6,7% recogen una deuda per cápita superior a los 500 euros. Unos buenos resultados que demuestran la realización de un ejercicio de responsabilidad por parte de la mayor parte de nuestros ayuntamientos.
