En el medio de una crisis de unas magnitudes incalculables como es la que está provocando el coronavirus, muchos ciudadanos sigue viendo en sus alcaldes como la primera puerta en la que tocar para pedir ayuda en momentos tan delicados, lo que ha llevado a los concellos ourensanos a ponerse en marcha para garantizar que, una vez superada la pandemia, la vida pueda volver a la normalidad ayudando a los colectivos que más lo precisen. Atienden así la recomendación lanzada ayer por investigadores de la Universidad de Vigo, recordando que las entidades locales podrán disponer del remanente de tesorería acumulado para contrarrestar una eventual caída de los ingresos y así reforzar su papel de liderazgo en esta crisis.
Así, diferentes gobiernos locales se han puesto manos a la obra para diseñar un plan de contigencia económico frente al virus, con la conservación del empleo, la asistencia social y el alivio fiscal como las principales bazas con las que juegan. Es el caso, por ejemplo, del Concello de Ourense, que en un primer momento tomó la decisión de aplazar los períodos de pago de la tasa de vehículos, en marcha desde principios de marzo, y del IBI, cuyo abono voluntario se realiza habitualmente desde el 15 de mayo. También ha habido gesto con la hostelería, cerrada a cal y canto desde la declaración de emergencia sanitaria, que no tendrá que hacer frente a la cuota por las terrazas mientras estén sin trabajar.
Sin embargo, la medida "estrella" anunciada hasta ahora ha sido la de movilizar hasta 10 millones de euros en ayudas para colaborar con autónomos, pequeñas y medianas empresas, comercio de proximidad o reforzar los servicios sociales. Así, fuentes municipales garantizan que "por el momento" se siguen conservando los empleos en las concesionarias que trabajan para el Concello.
Moratoria
Además de Ourense, los principales consistorios de la provincia también están trabajando en esta línea de dejar en barbecho el cobro de tasas y precios públicos. En Carballiño, el gobierno de Francisco Fumega daba la orden hace unos días a través de un bando, misma fórmula elegida por el alcalde de Pereiro de Aguiar, Luis Menor, que avanza que "estamos a estudar outras posibilidades porque somos conscientes do que están a vivir os nosos veciños". Igualmente, en Ribadavia han optado por esta decisión, como en Vilamarín, Coles o Amoeiro, entre muchos otros.
También en Barbadás han hecho gestiones para que la empresa concesionaria del agua, Viaqua, amplíe en un mes el plazo para pagar voluntariamente las facturas, garantizando también durante el estado de alarma no se realizarán cortes de suministro.
Por su parte, la alcaldesa de Xinzo, Elvira Lama, también anunció que se paralizará el cobro de los tributos municipales, cuya recaudación está delegada en la Diputación. Además de ampliar los plazos, las entidades bancarias no enviarán los recibos a los vecinos que lo tengan domiciliado. La medida afecta a tasa de basura, IBI, vehículos, construcciones, IAE, vados y plusvalías.
Labor social
Durante el confinamiento, sobre sale también el trabajo de apoyo social que los concellos realizan para que, especialmente los vecinos de avanzada edad, sufran lo menos posible las consecuencias del estado de alarma. Amoeiro, Bande, Boborás, O Barco o Pereiro son algunos de los municipios que han activado un servicio de entrega de alimentos y medicamentos a domicilio, contando con apoyo de voluntarios o de los efectivos de Protección Civil, otro cuerpo al pie del cañón en estas semanas.
La Diputación garantiza nuevas altas en teleasistencia y el PSOE pide 19 millones
Con el Comité del Día Después en marcha para trazas un plan global de recuperación tras superar la crisis del coronavirus, la Diputación continúa reforzando también su asistencia a concellos y vecinos de la provincia. La última iniciativa puesta en marcha por el gobierno provincial es la implantación del servicio de "Teleasistencia 900", que durante el estado de alarma permitirá a las personas mayores tener un teléfono gratuito al que acudir mientras no se completa la instalación de equipos, ya que las altas en el servicio están condicionadas por el actual escenario de confinamiento.
"Con esta iniciativa los ayuntamientos pueden solicitar el alta exprés en el servicio de cuantas personas consideren", señala la diputada Luz Doporto, explicando que solo será necesario aportar los datos de identificación, no informes médicos o de carácter social.
Propuesta del PSOE
También el PSOE quiere aportar ideas en la Diputación para ayudar a combatir la crisis. Los socialistas han registrado una batería de medidas por importe de 19 millones "para dar unha resposta ambiciosa, transversal e integral" a las principales demandas, señala el portavoz del grupo, Rafael Rodríguez Villarino.
El paquete de iniciativas contempla un fondo de tres millones a los concellos con la delegación de tributos delegada, duplicar las partidas para programas de empleo, aumentar el plan provincial de obras, habilitar seis millones para cuestiones de emergencia social o dotar con más fondos el servicio de teleasistencia y la ayuda a domicilio, en este caso para el material de los trabajadores.
