La situación de crisis que vive el campo español no es nueva y, sin embargo, la expectación generada por esta oleada de protestas -que entra ya en su segundo mes consecutivo- es inédita, lo que ha hecho que se hable más que nunca del sector y surjan preguntas sobre sus problemas y soluciones.
¿Por qué hay manifestaciones ahora?
Los agricultores y ganaderos han salido a la calle con sus reivindicaciones de forma periódica en los últimos años, si bien es cierto que las actuales tienen un carácter más multitudinario. La novedad no es tanto los bajos precios como toda una conjunción de factores que han coincidido en el tiempo: el aumento de los impuestos a las exportaciones a EEUU, la subida de los costes de producción, desastres meteorológicos, etc.
¿Es verdad que los precios en origen son bajos?
Depende de las categorías, pero los datos que recoge la red pública de mercados mayoristas reflejan que en muchos casos lo que reciben hoy quienes trabajan el campo por sus productos es muy similar a lo que cobraban hace 16 años pese al aumento de la inflación en este período: lo que entonces costaba 100 euros hoy rondaría los 130. Concretamente, el precio en origen de la docena de huevos (clase M) ronda ahora los 70 céntimos, exactamente igual que en 2004 -primer año del que hay cifras-; el kilo de patatas continúa en el entorno de los 20 céntimos; y la lechuga romana se sigue pagando a unos 30 céntimos. Un sector especialmente movilizado en estas protestas es el oleícola, ya que los precios en origen han pasado en sólo dos años de situarse por encima de los 3,3 euros a oscilar hoy entre los 1,75 y los 2,15 euros.
Ayudas de la PAC
¿Es tan importante la PAC para el campo español?
Sí. Las ayudas europeas representan cerca del 30% de la renta que reciben los agricultores y ganaderos, según el Ministerio, y de hecho, la PAC representa más de un tercio de todo el Presupuesto de la UE. En estos momentos se negocia el plan marco para el período 2021-2027, con la salida del Reino Unido como reto, ya que supone contar con menos fondos. Los primeros contactos apuntan a un descenso del presupuesto pese a los intentos de España y otros países por mantener su dotación.
¿Por qué hay tanta diferencia entre lo que recibe el campo y lo que paga el consumidor en el supermercado?
Las organizaciones agrarias denuncian que los precios que paga el consumidor se multiplican hasta por ocho respecto a los cobrados en origen, y colocan el foco en los supermercados por impulsarlos a la baja y, en menor medida, en la industria. Sin embargo, los grupos de distribución alegan que el sector tiene unos márgenes de beneficio en torno al 2-3 % de media en la venta de alimentación.
¿Y entonces?
Informes elaborados por el Gobierno para analizar este fenómeno hace una década -a través del llamado Observatorio de Precios, ya desaparecido- detallan paso a paso cómo se van formando los precios y reflejan que se trata de un proceso complejo, en el que intervienen muchos factores dependiendo también de cada producto. En el caso de la patata, por ejemplo, recoge que existen cerca de 40 costes a tener en cuenta hasta llegar al consumidor, y el mayor porcentaje (el 40 %) se concentra en la fase de envasado, correspondiente a la industria. El transporte es también protagonista, ya que primero se traslada al almacén, de ahí al envasador, después al mayorista y por último a la tienda. También hay que tener en cuenta el desequilibrio de la cadena, con el campo tremendamente disperso en pequeñas explotaciones -al contrario que en otros países europeos, con más cultura de asociacionismo y con cooperativas de un tamaño muy superior al de España- frente a una distribución concentrada en varias decenas de operadores, lo que les otorga más poder a la hora de negociar.
¿Resolverán el problema las medidas aprobadas por el Gobierno?
El Ejecutivo aspira a que las actuaciones ayuden a aliviar la crisis que sufren los agricultores, aunque en una economía de libre mercado basada en la oferta y la demanda las fluctuaciones de precio son habituales.
Todos descontentos
Por el momento, el paquete aprobado por el Gobierno no parece contentar a nadie: las organizaciones agrarias consideran que se queda corto, mientras que la industria y los supermercados coinciden en que su aplicación plantea dudas, incluso a nivel de legislación en materia de competencia.
La medida estrella en la nueva ley puesta en marcha por el Gobierno es la de obligar a que cada eslabón de la cadena alimentaria pague un precio superior al coste de producción del peldaño anterior. Para ello se debe calcular el citado coste, un punto polémico que, según fuentes del sector, falta todavía por aclarar para saber el alcance real de la medida.
