El derroche normativo puede provocar el efecto contrario al pretendido. El desinterés aumenta por la fatiga y el vaivén regulatorio. Así hasta el ciudadano más hipocondríaco se descuida con la mascarilla al llegar a la terraza del bar –donde estén abiertos– sin discutir su uso para zafarse de la multa mientras camina al aire libre.
La tentación de combatir la pandemia de covid-19 añadiendo plomada a la ley es tan comprensible como incierto el resultado. La trampa también es contagiosa cuando la norma no enraíza en el consenso. El PPdeG ha presentado en el Parlamento gallego el proyecto de reforma de la Lei de Saúde que facultará a la Xunta para dictar confinamientos y establecer restricciones sin necesidad de "recurrir a un estado de alarma intermitente", según comentó Alberto Núñez Feijóo. El cambio normativo, que puede salir adelante sin necesidad de apoyos porque ya cuenta con el respaldo mayoritario de los 42 diputados populares, recoge sanciones de entre 3.000 y 600.000 euros para quienes se salten las restricciones, se nieguen a someterse a una prueba PCR o a vacunarse, "siempre que la inmunización sea prescrita por las autoridades sanitarias", lógico porque no va a ser el gremio de herreros.
El recorrido de la vacunación obligatoria podría colisionar con una campaña de los negacionistas que siguen creyendo que la pandemia es obra de Bill Gates, George Soros o China, pero trasladarlo al papel antes de que la fiabilidad del antídoto sea científica y socialmente inobjetable no es precisamente un ejercicio de aguda persuasión, y eso que todos somos cómplices involuntarios de la pandemia. Ayer en Galicia se registraron 685 positivos, 18 más que el día anterior, y el dato no obedece a la laxitud restrictiva sino a la irresponsabilidad de la peña, en muchos casos achuchada por la angustia económica.
Una colega comentó en la peluquería que su empresa había convocado a toda la plantilla a una prueba PCR. La encargada del establecimiento imploró un favor: "Si das positivo, no digas que has estado aquí porque me cierran el negocio". La clienta la vio tan desesperada que comprometió su palabra, aunque el conflicto ético desapareció al dar negativo en el test. El sentido común no se puede regular ni recetar.
