El ser humano, decía Kant, no debe ser tomado nunca como medio, sino como fin. En tiempos de pandemia con mayor razón. Si lo que buscamos es un crecimiento en libertad, en humanidad en definitiva, hoy tan necesario a la vista del autoritarismo, solo podrá hacerse realidad ese objetivo, si cada uno se hace protagonista de sus acciones y de su desarrollo, y posibilita con su actuación que los demás también lo sean.
Los derechos fundamentales de la persona son derechos que conceden a sus titulares un conjunto variado de posiciones jurídicas dotadas de tutela reforzada y que imponen al Poder público una gama diversificada de obligaciones correlativas a las diferentes funciones derivadas de cada una de dichas posiciones jurídicas. Desde esta perspectiva debemos afirmar que la aplicabilidad inmediata es la misma en el caso de los derechos fundamentales individuales que en los sociales, por más que las técnicas a emplear puedan varias. Dichas variaciones se derivan de la diversidad de funciones incardinadas en cada derecho. No es que en un caso estemos en presencia de derechos de defensa y en otro de derechos prestacionales, el problema es que los derechos fundamentales son una categoría única que admite una expresión multifuncional. En otras palabras, es necesario comprender los derechos fundamentales, todos, desde la perspectiva de un todo, de manera que cada derecho fundamental presenta un conjunto de posiciones jurídicas fundamentales de dónde se derivan funciones de respeto, funciones de protección y funciones de prestación. Hoy, tales consideraciones son especialmente importantes pues los Poderes públicos, deben proteger, defender y promover con intensidad la dignidad humana y todos y cada uno de los derechos fundamentales de las personas.
El hecho de que la aplicabilidad inmediata de los derechos sociales fundamentales, reconocidos “ad hoc” o por conexión, por argumentación racional del supremo intérprete de la Constitución, o por recepción de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, caso del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cueste más dinero no quiere decir, ni mucho menos, que deba demorarse. Es solo una cuestión accidental, que no afecta a la sustancia. Y como lo accidental o formal debe seguir a lo sustancial o material, lo lógico es orientar las estructuras de facilitación de estos derechos colocando el presupuesto público a su servicio y no al revés.
Seguramente, a partir de ahora los deberes de prestación en relación con estos derechos sociales fundamentales van estar mejor organizados y mejor gestionados para prever mejor los riesgos y evitar el espectáculo de ineptitud, incapacidad y mala praxis que la realidad este tiempo en tantos países días muestra para nuestro bochorno y reflexión.
