El contexto económico está a la vista. Según la OCDE, una especie de gran "think tank" de los países ricos, la economía mundial crecerá en 2019 y 2020 al ritmo más bajo desde la Gran Recesión. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico rebaja, pues, una vez más, la previsión de crecimiento para 2020 e invita a los gobiernos a aplicar estímulos fiscales centrados en el medio ambiente y la digitalización.
Para España, la OCDE prevé un crecimiento del 2% en 2019, una décima menos que el Gobierno, y del 1,6% en 2020, en este caso dos décimas menos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sus previsiones para este ejercicio y el siguiente coinciden con las de Funcas, el servicio de estudios de la fundación de las cajas. Pero también son casi coincidentes con las del Banco de España, ligeramente más optimista para 2020. Con las previsiones que más se separa es con las de la Comisión Europea, aunque no mucho. Bruselas va una décima por debajo en ambos ejercicios. Como conclusión de todas estas previsiones, si calculamos la media, España crecerá en 2019 un 2% y en 2020 un 1,6%, justo lo que dice la OCDE.
Con este crecimiento potencial, el Gobierno tendrá que gestionar una economía con tres grandes problemas: el déficit público, la deuda pública y la viabilidad de las pensiones, sin perder de vista el riesgo de nuevas crisis bancarias. Así se lo han advertido la Comisión Europea y el Banco de España. Tampoco en este caso hay coincidencias entre Madrid y Bruselas, ya que sus previsiones de déficit y de deuda son diferentes. Mientras que la Comisión Europea habla de un déficit del 2,3% este año y de un 2,2% para el siguiente, el Gobierno cree posible un déficit del 2% en 2019 y del 1,7% en 2020.
Lo cierto es que con estas cifras y la deuda acumulada, la principal partida de gasto del Estado será el servicio de la deuda pública, que se lleva más de 30.000 millones de euros. Pero este asunto, que al ser el primer problema económico y financiero de España debería centrar toda la atención, sigue pasando inadvertido en la agenda política. Hay también dos agujeros: el de la Seguridad Social, cuya necesidad de financiación anda por los 17.000 millones al año, y el ajuste necesario para cuadrar las cuentas con Bruselas, con otros 9.600 millones en juego.
Estas cifras suenan a mucho dinero, pero tal vez no causan alarma en medio de un sinfín de datos macroeconómicos que a veces anestesian a los contribuyentes. Su gravedad tal vez se comprenda mejor si se tiene en cuenta que la deuda se lleva casi un 15% de todos los ingresos anuales del Estado, sin contar los de la Seguridad Social. Del mismo modo, el agujero de 17.000 millones en la Seguridad Social equivale al 1,4% de todo el PIB español y los 9.600 millones de ajuste pendiente igualan el presupuesto de la Xunta de este año.
En buena lógica, si España tuviese una deuda razonable, su coste anual no subiría de los 20.000 millones, y con el mismo buen criterio no debería tener déficit en la Seguridad Social, ni necesidad de hacer año tras años ajustes y recortes. Es decir, si las finanzas públicas estuviesen bien controladas, España liberaría cada año unos 36.000 millones para afrontar inversiones. Bruselas no le llama la atención a la ministra de Economía, Nadia Calviño, por casualidad ni por capricho. Y así se explica que le pida a España que destine todos los ingresos extra a rebajar la deuda.
@J_L_Gomez
Los impuestos, al alza
A la vista del frágil cuadro macroeconómico español, es probable que, salvo ajustes impensables con un Gobierno de izquierdas, los impuestos tenderán a subir. España no recauda lo suficiente para todos los gastos que tiene, de modo que o bien aumenta los ingresos por IRPF, IVA, Sociedades, Especiales, etcétera o reduce los gastos. Obviamente, puede hacer ambas cosas, pero en ese caso qué recortaría un ejecutivo del PSOE y Podemos. Los actuales ingresos ascienden a 218.249 millones de euros.
Las pensiones, a la baja
La crítica de la Comisión Europea a la financiación de las pensiones en España no está peor fundamentada que la advertencia por el exceso de deuda. Los incrementos de las pensiones vuelven a vincularse a la inflación, algo que Bruselas no cuestiona pero que supedita a medidas compensatorias para asegurar la sostenibilidad del propio sistema a medio y largo plazo. Ya hubo reformas en 2011 y 2013 y todo parece indicar que en 2020 habrá más reformas de las pensiones de los españoles.
