Está de sobra acreditado que el diálogo es el mejor método para resolver los problemas, o al menos encauzarlos. Las reuniones de los consejos interterritoriales de Salud primero y el celebrado conjuntamente entre los ministros del ramo y los consejeros de Sanidad y Educación de las Comunidades Autónomas para abordar el rebrote de la pandemia y el inicio del curso escolar han tenido un doble efecto: el primero, demostrar que las diferencias entre el plan A del Gobierno y los planes B de los gobiernos autonómicos no eran tan distintos y se podían acoplar, quizá porque en estos asuntos las pautas de actuación no dejan mucho margen a la improvisación y pesa más el matiz que las cuestiones de fondo; y en segundo lugar, pone de manifiesto que los gobiernos autonómicos que tiene transferidas las competencias en ambos capítulos ya no pueden escudare tras la inacción del Gobierno, cuando ellos no han hecho la parte de los deberes que les correspondía.
Se han celebrado esas reuniones de coordinación y ha disminuido el ruido ambiente de forma considerable. ¿Quiere decir eso que se han acabado los problemas y que todas las incertidumbres de los integrantes de la comunidad educativa están resueltas? No, por supuesto. Pero ahora corresponde a los gobiernos regionales resolver las dudas y dar solución a los problemas como decidir sobre el comienzo del curso escolar y las medidas de seguridad de alumnos y profesores. Si el Gobierno central ha tardado en tomar las riendas de la coordinación hay que apuntárselo en su debe por no haber insistido en que las comunidades autónomas se pusieran a trabajar sobre el documento base con el que contaban. Además, ha dejado que trascendiera la imagen del vacío vacacional mientras corría el tiempo. Y lo que se vaticinaba como un enfrentamiento entre posiciones partidistas ha acabado en dos reuniones en la que todos los acuerdos se han adoptado por unanimidad.
Los acuerdos ponen de relieve que no hay diecisiete formas de ponerse la mascarilla ni de ventilar los centros educativos, como se ha querido caricaturizar, pero si hay una sola forma para hacer de la escuela un lugar seguro, la contratación del profesorado para bajar la ratio de alumnos por aula y la adecuación de más espacios para minimizar el riesgo de contagios. Y estos dos aspectos caen bajo la dependencia directa de las autoridades autonómicas y unas han demostrado haberse aplicado a esa tarea con más diligencia que otras para garantizar que la educación será presencial, que es la forma de que las desigualdades no aumenten.
Y otro tanto ha pasado con la contratación de rastreadores, la pieza esencial de la desescalada y de la prevención de la segunda ola del covid-19, que ha quedado muy por debajo de los compromisos adquiridos. Que las Fuerzas Armadas hayan sido capaces de formar a 2.000 rastreadores en cinco semanas indica que las comunidades autónomas que ahora solicitan su ayuda también lo podían haber hecho y de forma más fácil mediante el recurso a profesionales sanitarios. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que pretendía que ese trabajo lo realizaran voluntarios sin retribución ahora lo va a conseguir con miembros de la UME.
En cualquier caso, es deseable que la disminución del ruido ambiental sirva para que los mensajes de las autoridades sanitarias y educativas lleguen con más nitidez y se trabaje con mayor sosiego.
