Ciudad

Dos empresas se repartirán la limpieza de colegios públicos

photo_camera Actividades en el patio de un colegio, en Coles. (Foto: Martiño Pinal)
El Concello ultima la nueva concesión, a la que destinará más de un millón de euros cada año

Recta final para acabar con la interinidad con la que el Concello de Ourense presta el servicio de limpieza de los colegios públicos de la ciudad, contratado por vía de urgencia en septiembre a la empresa Mantelnor SL tras la renuncia de OHL Ingesan a una prórroga a los dos años que estuvo al frente.

El pasado miércoles, la mesa de contratación presidida por la edil Ana Fernández Morenza aprobaba la ordenación decreciente de las ofertas presentadas a los cinco lotes en los que se divide el contrato, cuatro para distribuir los centros educativos por barrios y el quinto para la limpieza de los cristales de todas las instalaciones. Tras el análisis de las propuestas presentadas por tres empresas, dos de ellas se repartirán el servicio.

Mantelnor SL, que presta en la actualidad mediante un contrato transitorio la limpieza de centros educativos, se queda con tres lotes por los que percibirá anualmente casi 660.000 euros, correspondientes a los colegios del margen derecho del Miño, As Lagoas, centro, San Francisco, Mariñamansa y Seixalbo. Mientras, Itma SL asumirá los otros dos lotes, correspondientes a los centros educativos de O Couto, A Carballeira y Vista Hermosa y el mantenimiento de los cristales de todos los colegios. El valor de los lotes roza los 190.000 euros anuales.

Las obligaciones que fija el contrato incluyen la limpieza de aulas, zonas comunes, despachos de profesores o cargos directivos, así como los comedores escolares y zonas de recreo, pistas polideportivas. Además del servicio diario, hay planes periódicos intensivos para un mejor cuidado de las instalaciones. A excepción de agosto, los adjudicatarios prestarán el servicio todo el año, previéndose 61.354 horas por cada ejercicio. Las cláusulas del concurso fijan una duración del contrato durante un mínimo de dos años, con la posibilidad de establecer una prórroga de 12 meses si el Concello así lo estima. 

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