Casi siete años después de la judicialización del proceso de adjudicación irregular del catamarán turístico de la Ribeira Sacra a una empresa vinculada al grupo Monbus -dentro de la llamada operación Cóndor- el Juzgado de Instrucción 2 de Lugo envió a Ourense una pieza separada para que se investigue el caso, en el que se mencionan cinco delitos y en el que figuran como investigados el dueño de la empresa, Raúl López, y el alcalde de Nogueira, José César Parente (PP), y la secretaria de ese Concello, Carmen Limia.
Tras recalar en el Juzgado de Instrucción 1, las diligencias parece que no tienen demasiados visos de que se queden en el edificio judicial de O Couto si el juez titular, Leonardo Álvarez, comulga con el parecer de la Fiscalía.
El fiscal Miguel Ruiz acaba de informar en contra de la inhibición ya que considera que el caso no es competencia de Instrucción 1 en base, fundamentalmente, a que le llega demasiado tarde y cuando ya no hay margen de maniobra. Máxime cuando el 13 de febrero del pasado año se dictó un auto de no complejidad lo que, según recuerda el representante del ministerio público, "hace imposible la práctica de cualquier tipo de diligencia por parte del instructor de Ourense". Este último estaría atado. "Carecería de cualquier sentido que el órgano encargado de instruir no pudiera realizar ningún tipo de diligencia de instrucción por haber traspasado el periodo legal, quedando limitada su actividad a lo realizado por otros órganos", razona.
Las diligencias en la que se investiga el concurso para adjudicar el catamarán de la Ribeira Sacra son una pieza separada (número 3) de las diligencias iniciadas en 2013 por la extitular de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara, apartada de sus cometidos jurisdiccionales al ser sancionada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las mismas se siguen por un presunto delito de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funciones públicos, fraude en la contratación y falsedad documental llevadas a cabo en relación al concurso de explotación de embarcadero de Santo Estevo, en el concello de Nogueira de Ramuín.
La pieza salió del juzgado de la magistrada que comenzó la instrucción cuando la Audiencia de Lugo lo ordenó el 29 de enero de 2019. Comenzó ahí un periplo por distintos juzgados. Instrucción 1 las envió a reparto al juzgado decano y de ahí fueron a parar a Instrucción 3 de Lugo que dictó un auto de inhibición a favor de Ourense el 19 de diciembre de 2019.
Los imputados no declararon
La investigación de la jueza De Lara se basa en la documentación recabada por Vigilancia Aduanera, el mismo equipo que desplegó la operación Pokemon contra la corrupción política en toda Galicia, incluido el Concello de Ourense cuando gobernaba el PSOE.
La operación Cóndor se basa en el supuesto amaño entre Hemisferios SL, una empresa filial de Monbus que explotaba el embarcadero de Santo Estevo desde 2008, y el alcalde de Nogueira (PP) para que le fuese adjudicado de nuevo ese servicio. De Lara sostenía que hubo filtraciones interesadas de las ofertas con las que concurrían otras empresas. El concurso finalmente quedó desierto y la filial siguió prestando el servicio en precario. Los imputados fueron citados a declarar pero no testificaron porque estaba bajo secreto sumarial.
